EL CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA Y EL RECTOR, M. Sc. ING. MURPHY OLYMPO PAIZ RECINOS
A TRAVÉS DEL INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LA MUJER (IUMUSAC),
ANTE LA SITUACIÓN DE LAS MUJERES Y OTROS SECTORES VULNERABLES POR LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL COVID-19
La Universidad de San Carlos de Guatemala, en el actual contexto de la pandemia provocada por el COVID-19 considera relevante enfocarse en la población femenina, que es más de la mitad de los habitantes de Guatemala. Los resultados del censo 2018, realizado por el Instituto Nacional de Estadística (INE), develan que el 51.5% de la población nacional son mujeres y entre otros, con bajo nivel de escolaridad, con una distribución mayoritaria en los departamentos de Guatemala, Alta Verapaz, Huehuetenango, San Marcos, Quiché y Quetzaltenango, entre otros.
Durante las situaciones de emergencia, aumentan los riesgos de violencia hacia las mujeres, niñas y niños. Según la ONU-Mujeres, esta constituye la “más extendida violación de los derechos humanos en el mundo”, y de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, este es un problema de salud pública de proporciones epidémicas. Según los datos más recientes del observatorio del Ministerio Público de Guatemala, la violencia psicológica hacia las mujeres, niñas y niños es la más denunciada, seguida de la violencia física y económica.
En concordancia con la legislación vigente y la Constitución Política de la República de Guatemala en los artículos 1o y 2o, que garantizan la protección de la persona y la familia, las mujeres guatemaltecas tienen el derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y protección de todos sus derechos humanos, por lo que en la situación actual de emergencia nacional por el COVID-19, el Estado de Guatemala está obligado a ser tutor y garante de su cumplimiento.
A la vez, respetando los tratados internacionales en materia de derechos humanos de las mujeres firmados y ratificados por Guatemala, que establecen acciones afirmativas para el respeto de la dignidad como personas sujetas de derechos en diversos ámbitos.
En cumplimiento al artículo 82 de la Constitución Política de la República de Guatemala, que le asigna a la Universidad de San Carlos de Guatemala la función de cooperar al estudio y solución de los problemas nacionales,
Que en las medidas adoptadas por el Estado de Guatemala frente a la pandemia generada por la COVID-19, se garantice y fortalezca el respeto de los derechos humanos de la población. Así mismo se incluya el enfoque de género diferenciado, que garantice el derecho de las mujeres, niñas y niños a vivir libres de discriminación y violencia. Se tenga presente que aumentan las brechas de género en el período de crisis.
Que conformen equipos multidisciplinarios integrados con enfoque de equidad de género para dar respuesta integral a múltiples factores de discriminación que exacerban la vulnerabilidad de mujeres, niñas y niños, incluyendo su situación educacional, social, laboral, económica, de salud, e incluso migratoria.
Que asigne recursos financieros y humanos para facilitar la disponibilidad y acceso a servicios esenciales de salud sexual y reproductiva y los incluya entre las medidas de priorización a grupos específicos durante la atención a la crisis de COVID-19, considerando, asimismo, la situación de movilidad de las comadronas que prestan servicio técnico a nivel nacional.
Que el Ministerio Público continúe brindando respuesta a las denuncias de violencia de género, garantizando a las víctimas mujeres, niñas y niños los mecanismos de protección integral, seguimiento y penalización, y que permanezcan accesibles durante las medidas de restricción de movilidad y cuarentena, fortaleciendo y acondicionando centros de refugio y de resguardo.
Que todas las dependencias del sector justicia trabajen activamente en pro de los derechos de las mujeres, niñas y niños en Guatemala, en la resolución eficaz y eficiente en la investigación y debidos procesos judiciales.
Que se fomente la cultura de denuncia y la convivencia pacífica, tolerancia, el respeto de los derechos humanos y la dignidad de las personas; específicamente de las mujeres, niñas y niños para el desarrollo integral de los habitantes, Promover y fortalecer la política criminal relativa a la violencia intrafamiliar, violencia de género y al trabajo infantil forzado.
Acelerar el proceso de elaboración de dictamen, discusión y aprobación de la iniciativa de ley 5452 “Ley de Desarrollo Económico de la Mujeres”, que logrará un impacto positivo sobre este sector importante de población en Guatemala.
Que a través de las Oficinas de Atención Municipal de la Mujer se estructuren planes de monitoreo y seguimiento, por enfrentar un mayor riesgo de infección las mujeres expuestas en su rol laboral en los centros de salud, en trabajos de la economía informal y de servicios en general.
Que se garanticen los servicios básicos, como lo es la distribución el agua en los lugares o comunidades en donde hay escasez del vital líquido, para la hidratación y la correcta higiene personal de las familias.
La Universidad de San Carlos de Guatemala ofrece trabajar conjuntamente con los organismos Ejecutivo y Judicial para generar investigaciones que develen datos cualitativos y cuantitativos que fundamenten propuestas de políticas públicas y programas que incluyan el enfoque de equidad de género en beneficio de toda la población guatemalteca, especialmente de las mujeres, niñas y niños.
“Id y enseñad a todos”
A TRAVÉS DEL INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LA MUJER (IUMUSAC),
ANTE LA SITUACIÓN DE LAS MUJERES Y OTROS SECTORES VULNERABLES POR LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL COVID-19
La Universidad de San Carlos de Guatemala, en el actual contexto de la pandemia provocada por el COVID-19 considera relevante enfocarse en la población femenina, que es más de la mitad de los habitantes de Guatemala. Los resultados del censo 2018, realizado por el Instituto Nacional de Estadística (INE), develan que el 51.5% de la población nacional son mujeres y entre otros, con bajo nivel de escolaridad, con una distribución mayoritaria en los departamentos de Guatemala, Alta Verapaz, Huehuetenango, San Marcos, Quiché y Quetzaltenango, entre otros.
Durante las situaciones de emergencia, aumentan los riesgos de violencia hacia las mujeres, niñas y niños. Según la ONU-Mujeres, esta constituye la “más extendida violación de los derechos humanos en el mundo”, y de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, este es un problema de salud pública de proporciones epidémicas. Según los datos más recientes del observatorio del Ministerio Público de Guatemala, la violencia psicológica hacia las mujeres, niñas y niños es la más denunciada, seguida de la violencia física y económica.
En concordancia con la legislación vigente y la Constitución Política de la República de Guatemala en los artículos 1o y 2o, que garantizan la protección de la persona y la familia, las mujeres guatemaltecas tienen el derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y protección de todos sus derechos humanos, por lo que en la situación actual de emergencia nacional por el COVID-19, el Estado de Guatemala está obligado a ser tutor y garante de su cumplimiento.
A la vez, respetando los tratados internacionales en materia de derechos humanos de las mujeres firmados y ratificados por Guatemala, que establecen acciones afirmativas para el respeto de la dignidad como personas sujetas de derechos en diversos ámbitos.
En cumplimiento al artículo 82 de la Constitución Política de la República de Guatemala, que le asigna a la Universidad de San Carlos de Guatemala la función de cooperar al estudio y solución de los problemas nacionales,
RECOMIENDA:
Que en las medidas adoptadas por el Estado de Guatemala frente a la pandemia generada por la COVID-19, se garantice y fortalezca el respeto de los derechos humanos de la población. Así mismo se incluya el enfoque de género diferenciado, que garantice el derecho de las mujeres, niñas y niños a vivir libres de discriminación y violencia. Se tenga presente que aumentan las brechas de género en el período de crisis.
AL ORGANISMO EJECUTIVO:
Que conformen equipos multidisciplinarios integrados con enfoque de equidad de género para dar respuesta integral a múltiples factores de discriminación que exacerban la vulnerabilidad de mujeres, niñas y niños, incluyendo su situación educacional, social, laboral, económica, de salud, e incluso migratoria.
Que asigne recursos financieros y humanos para facilitar la disponibilidad y acceso a servicios esenciales de salud sexual y reproductiva y los incluya entre las medidas de priorización a grupos específicos durante la atención a la crisis de COVID-19, considerando, asimismo, la situación de movilidad de las comadronas que prestan servicio técnico a nivel nacional.
AL ORGANISMO JUDICIAL Y SECTOR JUSTICIA:
Que el Ministerio Público continúe brindando respuesta a las denuncias de violencia de género, garantizando a las víctimas mujeres, niñas y niños los mecanismos de protección integral, seguimiento y penalización, y que permanezcan accesibles durante las medidas de restricción de movilidad y cuarentena, fortaleciendo y acondicionando centros de refugio y de resguardo.
Que todas las dependencias del sector justicia trabajen activamente en pro de los derechos de las mujeres, niñas y niños en Guatemala, en la resolución eficaz y eficiente en la investigación y debidos procesos judiciales.
Que se fomente la cultura de denuncia y la convivencia pacífica, tolerancia, el respeto de los derechos humanos y la dignidad de las personas; específicamente de las mujeres, niñas y niños para el desarrollo integral de los habitantes, Promover y fortalecer la política criminal relativa a la violencia intrafamiliar, violencia de género y al trabajo infantil forzado.
AL ORGANISMO LEGISLATIVO:
Acelerar el proceso de elaboración de dictamen, discusión y aprobación de la iniciativa de ley 5452 “Ley de Desarrollo Económico de la Mujeres”, que logrará un impacto positivo sobre este sector importante de población en Guatemala.
A LAS AUTORIDADES LOCALES:
Que a través de las Oficinas de Atención Municipal de la Mujer se estructuren planes de monitoreo y seguimiento, por enfrentar un mayor riesgo de infección las mujeres expuestas en su rol laboral en los centros de salud, en trabajos de la economía informal y de servicios en general.
Que se garanticen los servicios básicos, como lo es la distribución el agua en los lugares o comunidades en donde hay escasez del vital líquido, para la hidratación y la correcta higiene personal de las familias.
POR TANTO:
La Universidad de San Carlos de Guatemala ofrece trabajar conjuntamente con los organismos Ejecutivo y Judicial para generar investigaciones que develen datos cualitativos y cuantitativos que fundamenten propuestas de políticas públicas y programas que incluyan el enfoque de equidad de género en beneficio de toda la población guatemalteca, especialmente de las mujeres, niñas y niños.
“Id y enseñad a todos”
Comentarios