La jueza de Mayor Riesgo D, Erika Aifán, resolvió hoy enviar a juicio a Juan Ignacio Florido, René Felipe Cardona Pérez y José Guillermo Yupe Ramírez, por los delitos de asociación ilícita y lavado de dinero, y a Griselda Beatriz Álvarez Medina por cohecho activo.
Luego de la audiencia de la etapa intermedia la jueza consideró que existían suficientes medios de investigación para que los cuatro sindicados enfrenten debate por su vinculación con una estructura de corrupción liderada por Alejandro Sinibaldi Aparicio, extitular del Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda (MICIVI), durante el gobierno del Partido Patriota.
En la diligencia la jueza otorgó participación definitiva a la CICIG en su calidad de querellante adhesivo, a través de sus mandatarios judiciales.
En relación a la revisión de las medidas de coerción solicitadas por los sindicados, la jueza resolvió que José Guillermo Yupe Ramírez y René Felipe Cardona Pérez continuarán en prisión preventiva.
Mientras que Juan Ignacio Florido se le otorgó medidas sustitutivas de arresto domiciliario, arraigo, comparecer cada 8 días al MP para el control biométrico, y una caución económica de Q50 mil. En el caso de Griselda Beatriz Álvarez Medina mantiene las medidas otorgadas anteriormente de arresto domiciliario y arraigo.
A partir de una investigación sobre actividades ilícitas vinculadas con el exministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi, se descubrió documentación relacionada con varias operaciones de negocios en Guatemala y en otros países. Se identificaron empresas de cartón que -por medio de la simulación de servicios- facturaban sumas millonarias de dinero proveniente de sobornos. La facturación de las empresas se realizó entre los años 2012 y 2014, cuando Sinibaldi fungió como titular del Ministerio de Comunicaciones.
El pago a las empresas de cartón funcionaban como una especie de “ventanilla especial” para los constructores, ya que una vez depositado el dinero, el engranaje gubernamental operara a su beneficio, pagándoles deuda que el MICIVI tenía con las empresas que ellos representan.
Luego de la audiencia de la etapa intermedia la jueza consideró que existían suficientes medios de investigación para que los cuatro sindicados enfrenten debate por su vinculación con una estructura de corrupción liderada por Alejandro Sinibaldi Aparicio, extitular del Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda (MICIVI), durante el gobierno del Partido Patriota.
En la diligencia la jueza otorgó participación definitiva a la CICIG en su calidad de querellante adhesivo, a través de sus mandatarios judiciales.
Revisión de medidas
En relación a la revisión de las medidas de coerción solicitadas por los sindicados, la jueza resolvió que José Guillermo Yupe Ramírez y René Felipe Cardona Pérez continuarán en prisión preventiva.
Mientras que Juan Ignacio Florido se le otorgó medidas sustitutivas de arresto domiciliario, arraigo, comparecer cada 8 días al MP para el control biométrico, y una caución económica de Q50 mil. En el caso de Griselda Beatriz Álvarez Medina mantiene las medidas otorgadas anteriormente de arresto domiciliario y arraigo.
Antecedentes
A partir de una investigación sobre actividades ilícitas vinculadas con el exministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi, se descubrió documentación relacionada con varias operaciones de negocios en Guatemala y en otros países. Se identificaron empresas de cartón que -por medio de la simulación de servicios- facturaban sumas millonarias de dinero proveniente de sobornos. La facturación de las empresas se realizó entre los años 2012 y 2014, cuando Sinibaldi fungió como titular del Ministerio de Comunicaciones.
El pago a las empresas de cartón funcionaban como una especie de “ventanilla especial” para los constructores, ya que una vez depositado el dinero, el engranaje gubernamental operara a su beneficio, pagándoles deuda que el MICIVI tenía con las empresas que ellos representan.
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