A raíz de una investigación conjunta realizada por la Fiscalía Especial contra la Impunidad del Ministerio Público, con el apoyo de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, el día de hoy se realizaron 14 allanamientos y ejecutaron cuatro de cinco órdenes de captura emitidas por el Juzgado Primero de Primera Instancia Penal de Mayor Riesgo A.
Las diligencias de investigación evidenciaron siete hechos nuevos cometidos por la estructura criminal paralela que se dedicaba a realizar ejecuciones extrajudiciales desde el Ministerio de Gobernación durante el período del 2004 al 2007. Los nuevos hechos que se imputarán tienen sustento en antiguos y recientes elementos probatorios que permiten señalar la participación de un cuerpo ilegal y aparato clandestino de seguridad (ciacs) en su versión más clásica.
Las órdenes de captura y los delitos que se imputan son:
1. Kamilo José Rivera Gálvez, ejecución extrajudicial. (Prófugo)
2. Carlos Roberto Vielmann Montes, ejecución extrajudicial, tortura. (Capturado)
3. Suhairam Stu Velasco Crispín, ejecución extrajudicial. (Capturado)
4. Francisco Guarcas de Paz, ejecución extrajudicial. (Capturado)
5. Víctor Manuel Ruiz González, ejecución extrajudicial. (Capturado)
Asimismo, se citará para imputar a:
6. Axel Arnoldo Martínez Arreaza, ejecución extrajudicial (actualmente cumple condena).
7. Erwin Johann Sperisen Vernon, ejecución extrajudicial, tortura (sentenciado en Ginebra Suiza).
8. Víctor Hugo Soto Diéguez, ejecución extrajudicial, tortura (actualmente cumple condena).
Antecedentes
El 22 de octubre del año 2005 se fugaron 19 privados de libertad de la cárcel de alta seguridad de Escuintla, denominada “El Infiernito”. En ese entonces las autoridades pusieron en marcha el Plan Gavilán con el objetivo de recapturar a los prófugos. La que parecía ser una orden normal dentro de las fuerzas policiales ante una situación como la fuga, era sólo la fachada legal de lo que posteriormente se convertiría en ejecuciones extrajudiciales organizadas desde la cúpula del Ministerio de Gobernación y la PNC.
De esta manera el Ciacs que operaba en el Ministerio de Gobernación y en la Policía Nacional Civil cometió graves violaciones al debido proceso y los derechos humanos de las personas que, estando ya bajo su custodia, fueron ejecutadas extrajudicialmente. Para ello, se valieron de toda la infraestructura estatal que utilizaron para llegar a las personas que eran objetivo de búsqueda.Posteriormente, grupos armados ilegales decidían cómo ejecutar a los detenidos.
En diligencias de investigación recientemente practicadas se pudo conocer que el entonces Jefe del Servicio de Inteligencia Criminal, Víctor Soto, dijo a uno de las víctimas que el nombre del plan de ejecuciones extrajudiciales “Gavilán” se explicaba porque, al igual que dichas aves, los actores tomaban a la presa (los reos) en un lado y se los destrozan (ejecutaban) en otro lugar.
Las ejecuciones extrajudiciales realizadas mantenían patrones comunes: primero, el grupo integrado para ejecutar el "Plan Gavilán" era el designado para ubicar a las personas; una vez realizada la ubicación o captura, el equipo paralelo criminal integrado por PNC y comandado desde el MINGOB entraba a darle muerte al prófugo.Para ello, utilizaban capuchas, ropa tipo comando y armas largas (AK-47 y AR-15). Luego de capturarlos, trasladaban a las víctimas a un lugar distinto, simulaban un enfrentamiento y colocaban armasen las manos de los fallecidos (muchas veces, era la mismaarma con que se les había ejecutado). Al finalizar la ejecución, altas autoridades acudían a la escena del crimen para dar apariencia de legalidad, e incluso daban entrevista a los medios reforzando la versión oficial sobre el supuesto enfrentamiento.
Nuevos hechos
La investigación se centra en siete hechos nuevos en los cuales tuvo participación dicha estructura criminal, que no han sido juzgados en tribunales nacionales o internacionales. Se cuenta con evidencia probatoria suficiente para señalar que el Ciacs utilizó la siguiente estructura criminal (asociación) en los eventos descritos:
En la cúpula se ubicaba el entonces Ministro de Gobernación, Carlos Roberto Vielmann Montes y el director de la Policía Nacional Civil, Erwin Johann Sperisen Vernon. Este a su vez contaba con jefes operativos a cargo de determinados grupos de agentes que ejecutaban las acciones delictivas.
En los hechos aquí presentados actuaron dos grupos: el liderado por el asesor del Ministro de Gobernación,Víctor José Rivera Azuaje, hoy fallecido, y el comandado por Víctor Hugo Soto Diéguez, como Jefe del Servicio de Investigación Criminal (SIC). Algunos de los agentes operativos que realizaban los hechos delictivos que han sido identificados y/o mencionados por testigos son los siguientes:
a) En el grupo comandado por Víctor Soto,los agentes: 1) Francisco Guarcas De Paz, agente de la PNC, en ese entonces asignado en la Sección de Vehículos (SIC); y 2) Víctor Manuel Ruíz González, exjefe de Operaciones del SIC. Este grupo incluía también a losinvestigadores 3) Luis Arturo Herrera López, 4) José Adolfo Gutiérrez Marvin y 5) Marvín Langen Escobar Méndez.
b) En el grupo comandado por Víctor Rivera, se encuentran: 6) Kamilo Rivera (actual primer Viceministro de Seguridad del Ministerio de Gobernación); 7) Axel Arnoldo Martínez Arriaza (condenado a 25 años por ejecución extrajudicial en el caso Zacapa); y 8) Suhairam Stu Velasco Crispín, ex subdirector de la DEIC.
Los medios de prueba que sustentan los nuevos hechos atribuidos a esta estructura criminal consisten, respecto de la ejecución extrajudicial en Barberena, en 43 testimonios, de los cuales 6 fueron recientemente recibidos en calidad de anticipo de prueba, necropsia, dictamen balístico e informes policiales; respecto del segundo hecho (ejecución extrajudicial en zona 5), se cuenta con 13 testimonios, 7 de ellos recibidos en anticipo de prueba.
Las contundentes pruebas establecen que tres personas fueron ejecutadas extrajudicialmente mediante montajes de falsos enfrentamientos con la policía, siendo ellos: Hugo Humberto Ruiz Fuentes (Barberena), Douglas Sadiel Arauz Palacios (zona Cinco) y Adonis Asael Murillo, ciudadano hondureño quien no tenía implicación en los hechos.
Conforme a las declaraciones testimoniales recibidas en calidad de anticipo de prueba, cuatro personas fueron capturadas y torturadas en las instalaciones de la Policía Nacional Civil por Carlos Roberto Vielmann Montes, Erwin Johan Sperisen Vernon y Víctor Hugo Soto Diéguez.
Violación a todo tipo de garantía para la ciudadanía. Para el Ministerio Público y la CICIG, hechos de esta naturaleza no se pueden volver a cometer en las instituciones de seguridad, puesto que toda persona que es capturada pasa a estar bajo la tutela del Estado y debe ser presentada ante juez para ser escuchada y explicarle los motivos de su detención y ser sometida a un proceso legal y respetuoso de las garantías constitucionales. Ningún delito, ni aún de la naturaleza de los cometidos por los prófugos, justifica que las fuerzas de seguridad operen como criminales. Permitir y consentir dichas acciones generan una situación de vulnerabilidad para toda la sociedad.
Las diligencias de investigación evidenciaron siete hechos nuevos cometidos por la estructura criminal paralela que se dedicaba a realizar ejecuciones extrajudiciales desde el Ministerio de Gobernación durante el período del 2004 al 2007. Los nuevos hechos que se imputarán tienen sustento en antiguos y recientes elementos probatorios que permiten señalar la participación de un cuerpo ilegal y aparato clandestino de seguridad (ciacs) en su versión más clásica.
Las órdenes de captura y los delitos que se imputan son:
1. Kamilo José Rivera Gálvez, ejecución extrajudicial. (Prófugo)
2. Carlos Roberto Vielmann Montes, ejecución extrajudicial, tortura. (Capturado)
3. Suhairam Stu Velasco Crispín, ejecución extrajudicial. (Capturado)
4. Francisco Guarcas de Paz, ejecución extrajudicial. (Capturado)
5. Víctor Manuel Ruiz González, ejecución extrajudicial. (Capturado)
Asimismo, se citará para imputar a:
6. Axel Arnoldo Martínez Arreaza, ejecución extrajudicial (actualmente cumple condena).
7. Erwin Johann Sperisen Vernon, ejecución extrajudicial, tortura (sentenciado en Ginebra Suiza).
8. Víctor Hugo Soto Diéguez, ejecución extrajudicial, tortura (actualmente cumple condena).
Antecedentes
El 22 de octubre del año 2005 se fugaron 19 privados de libertad de la cárcel de alta seguridad de Escuintla, denominada “El Infiernito”. En ese entonces las autoridades pusieron en marcha el Plan Gavilán con el objetivo de recapturar a los prófugos. La que parecía ser una orden normal dentro de las fuerzas policiales ante una situación como la fuga, era sólo la fachada legal de lo que posteriormente se convertiría en ejecuciones extrajudiciales organizadas desde la cúpula del Ministerio de Gobernación y la PNC.
De esta manera el Ciacs que operaba en el Ministerio de Gobernación y en la Policía Nacional Civil cometió graves violaciones al debido proceso y los derechos humanos de las personas que, estando ya bajo su custodia, fueron ejecutadas extrajudicialmente. Para ello, se valieron de toda la infraestructura estatal que utilizaron para llegar a las personas que eran objetivo de búsqueda.Posteriormente, grupos armados ilegales decidían cómo ejecutar a los detenidos.
En diligencias de investigación recientemente practicadas se pudo conocer que el entonces Jefe del Servicio de Inteligencia Criminal, Víctor Soto, dijo a uno de las víctimas que el nombre del plan de ejecuciones extrajudiciales “Gavilán” se explicaba porque, al igual que dichas aves, los actores tomaban a la presa (los reos) en un lado y se los destrozan (ejecutaban) en otro lugar.
Las ejecuciones extrajudiciales realizadas mantenían patrones comunes: primero, el grupo integrado para ejecutar el "Plan Gavilán" era el designado para ubicar a las personas; una vez realizada la ubicación o captura, el equipo paralelo criminal integrado por PNC y comandado desde el MINGOB entraba a darle muerte al prófugo.Para ello, utilizaban capuchas, ropa tipo comando y armas largas (AK-47 y AR-15). Luego de capturarlos, trasladaban a las víctimas a un lugar distinto, simulaban un enfrentamiento y colocaban armasen las manos de los fallecidos (muchas veces, era la mismaarma con que se les había ejecutado). Al finalizar la ejecución, altas autoridades acudían a la escena del crimen para dar apariencia de legalidad, e incluso daban entrevista a los medios reforzando la versión oficial sobre el supuesto enfrentamiento.
Nuevos hechos
La investigación se centra en siete hechos nuevos en los cuales tuvo participación dicha estructura criminal, que no han sido juzgados en tribunales nacionales o internacionales. Se cuenta con evidencia probatoria suficiente para señalar que el Ciacs utilizó la siguiente estructura criminal (asociación) en los eventos descritos:
En la cúpula se ubicaba el entonces Ministro de Gobernación, Carlos Roberto Vielmann Montes y el director de la Policía Nacional Civil, Erwin Johann Sperisen Vernon. Este a su vez contaba con jefes operativos a cargo de determinados grupos de agentes que ejecutaban las acciones delictivas.
En los hechos aquí presentados actuaron dos grupos: el liderado por el asesor del Ministro de Gobernación,Víctor José Rivera Azuaje, hoy fallecido, y el comandado por Víctor Hugo Soto Diéguez, como Jefe del Servicio de Investigación Criminal (SIC). Algunos de los agentes operativos que realizaban los hechos delictivos que han sido identificados y/o mencionados por testigos son los siguientes:
a) En el grupo comandado por Víctor Soto,los agentes: 1) Francisco Guarcas De Paz, agente de la PNC, en ese entonces asignado en la Sección de Vehículos (SIC); y 2) Víctor Manuel Ruíz González, exjefe de Operaciones del SIC. Este grupo incluía también a losinvestigadores 3) Luis Arturo Herrera López, 4) José Adolfo Gutiérrez Marvin y 5) Marvín Langen Escobar Méndez.
b) En el grupo comandado por Víctor Rivera, se encuentran: 6) Kamilo Rivera (actual primer Viceministro de Seguridad del Ministerio de Gobernación); 7) Axel Arnoldo Martínez Arriaza (condenado a 25 años por ejecución extrajudicial en el caso Zacapa); y 8) Suhairam Stu Velasco Crispín, ex subdirector de la DEIC.
Los medios de prueba que sustentan los nuevos hechos atribuidos a esta estructura criminal consisten, respecto de la ejecución extrajudicial en Barberena, en 43 testimonios, de los cuales 6 fueron recientemente recibidos en calidad de anticipo de prueba, necropsia, dictamen balístico e informes policiales; respecto del segundo hecho (ejecución extrajudicial en zona 5), se cuenta con 13 testimonios, 7 de ellos recibidos en anticipo de prueba.
Las contundentes pruebas establecen que tres personas fueron ejecutadas extrajudicialmente mediante montajes de falsos enfrentamientos con la policía, siendo ellos: Hugo Humberto Ruiz Fuentes (Barberena), Douglas Sadiel Arauz Palacios (zona Cinco) y Adonis Asael Murillo, ciudadano hondureño quien no tenía implicación en los hechos.
Conforme a las declaraciones testimoniales recibidas en calidad de anticipo de prueba, cuatro personas fueron capturadas y torturadas en las instalaciones de la Policía Nacional Civil por Carlos Roberto Vielmann Montes, Erwin Johan Sperisen Vernon y Víctor Hugo Soto Diéguez.
Violación a todo tipo de garantía para la ciudadanía. Para el Ministerio Público y la CICIG, hechos de esta naturaleza no se pueden volver a cometer en las instituciones de seguridad, puesto que toda persona que es capturada pasa a estar bajo la tutela del Estado y debe ser presentada ante juez para ser escuchada y explicarle los motivos de su detención y ser sometida a un proceso legal y respetuoso de las garantías constitucionales. Ningún delito, ni aún de la naturaleza de los cometidos por los prófugos, justifica que las fuerzas de seguridad operen como criminales. Permitir y consentir dichas acciones generan una situación de vulnerabilidad para toda la sociedad.
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