Luego de varias semanas de la audiencia de primera declaración, el juez suplente Jesús Archila Barrientos resolvió que los sindicados deben enfrentar proceso penal por los siguientes delitos:
Prisión preventiva:
-Edgar Arnoldo Medrano Menéndez (exalcalde de la municipalidad de Chinautla: Asociación ilícita, fraude y lavado de dinero. (En prisión preventiva por otro caso).
-María Luisa Osorio Vásquez. Asociación ilícita y fraude.
-José Lizandro Mendizabal Monroy. Asociación ilícita, fraude y lavado de dinero.
-Max Alfonso Muralles Aché. Asociación ilícita, fraude y lavado de dinero.
-David Antonio Pérez Muralles. Asociación ilícita, fraude y lavado de dinero.
-William David Colindres Pérez. Asociación ilícita y lavado de dinero.
-Josué Alexander Colindres Pérez. Asociación ilícita, fraude y lavado de dinero.
-Cristian Adolfo Pérez Guerra. Asociación ilícita, y lavado de dinero.
-Héctor Adolfo Aguirre Vásquez. Asociación ilícita y lavado de dinero.
-Esaú Alonzo Cajero Bautista. Asociación ilícita, fraude y lavado de dinero.
-Samuel Escalante Vásquez. Asociación ilícita y lavado de dinero.
-Óscar Noé Cajero Bautista. Asociación ilícita, fraude y lavado de dinero.
-Alba Lissette Fabián Barrera. Asociación ilícita y fraude.
-Silvia Lorena Escobar Ariza. Asociación ilícita y fraude.
Con medidas sustitutivas: arresto domiciliario en el departamento de Guatemala, arraigo, registrar cada semana su huella dactilar en el sistema biométrico, prohibición de comunicarse con otros imputados y de asistir a la comuna de Chinautla. Además se les impuso fianzas entre Q15 mil a Q85 mil.
-Alfredo Estuardo Morataya Paz. Lavado de dinero u otros activos.
-Brígido César Equité Guamuch. Asociación ilícita.
-Milton Alexander Aguirre Vásquez. Asociación ilícita.
-Milton Amory Pérez Guerra. Asociación ilícita.
-Manuel Escalante Vásquez. Asociación ilícita
Entre los medios de investigación que fueron presentados en la diligencia están los informes de análisis criminal, informes financieros, documentación bancaria y otras pruebas documentales, con las cuales se fundamenta la participación de cada uno de los acusados en esta red criminal.
Antecedentes
En el año 2011 la Intendencia de Verificación Especial de la Superintendencia de Bancos planteó una denuncia en el Ministerio Público sobre el reporte de transacciones sospechosas, referente a constructoras que recibían fondos de la municipalidad de Chinautla, bajo la administración de Arnoldo Medrano en esa fecha.
La forma de operar de la familia Medrano-Osorio fue la creación de empresas manejadas por terceras personas que prestaban su nombre y la contratación de operadores. Posteriormente, por medio de acciones fraudulentas se adjudicaban contratos millonarios para su red de empresas, los cuales les generan beneficios a todos sus integrantes. Ese dinero, inyectado a dichas empresas, era utilizado para beneficios personales y mantenerse como un grupo de poder político-económico en el municipio de Chinautla.
Por este caso se encuentran cinco personas prófugas, y en trámite las diligencias de antejuicio contra el diputado Gustavo Arnoldo Medrano Osorio, hijo del exalcalde.
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