Guatemala, noviembre 24 de 2016. Con la presencia de autoridades diplomáticas, operadores de justicia, funcionarios gubernamentales y representantes de diversos sectores, el Comisionado Iván Velásquez Gómez presentó hoy el Noveno Informe de labores de la CICIG, durante el cual resaltó la urgente necesidad de que se reforme el sistema de justicia guatemalteco.
La actividad se llevó a cabo en las instalaciones del Ministerio Público (MP), a la cual asistieron como invitados en la mesa principal: el presidente de la República, Jimmy Morales Cabrera; la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Patricia Valdés Quezada; la Fiscal General de la República, Thelma Aldana Hernández; el vicepresidente de la junta directiva del Congreso, Rudy Castañeda, en representación del presidente del Congreso; la Coordinadora Residente del Sistema de Naciones Unidas en Guatemala, Rebeca Arias; y el Comisionado Iván Velásquez Gómez.
El jefe de la CICIG inició su intervención recordando las manifestaciones ciudadanas del 2015, en las que se produjo “una inesperada efervescencia que expresó el resurgimiento del ejercicio al derecho de manifestar tras décadas de silencio y de la exigencia de cambios indispensables para la modernización del Estado”.
“Fue sin lugar a dudas, el parteaguas que impulsó al país hacia la oportunidad de cambio y transformación de la sociedad; ese sentimiento de indignación que nació de un profundo amor de los guatemaltecos por su patria no puede ser olvidado, por el contrario, tiene que permanecer en el espíritu nacional como motor que impulse sin descanso la construcción del Estado social y democrático de derecho que requiere el país”, aseveró.
En relación a los nueve años de la labor de la CICIG, el Comisionado dijo que para él y su equipo ha sido un honor servir al país durante ese tiempo. Afirmó que la experiencia adquirida en el trabajo de identificar y desarticular los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad (ciacs), conjuntamente con el Ministerio Público, “nos ha permitido conocer a profundidad cómo se conforman, actúan, se disfrazan, reaccionan estas estructuras criminales que tanto daño le han hecho al sistema social económico, político y judicial en Guatemala”.
El Comisionado afirmó que una de las más importantes lecciones para la CICIG ha sido la posibilidad de caracterizar las redes político económicas ilícitas que han tenido por objeto sustraer los recursos del Estado a través del ejercicio ilegítimo y muchas veces ilícito del poder político, lo cual incluye la utilización de ese poder para influir en el sistema de administración de justicia con el propósito de lograr la garantía de impunidad que le asegure acumular más riqueza ilícita, más poder y un absoluto control del Estado y de la sociedad.
Afirmó que gracias a ello ha sido posible intervenir e investigar extensas estructuras criminales que lograron en el pasado intervenir, influenciar y hasta dominar la agenda y el aparato del Estado con el objetivo de su enriquecimiento ilícito personal.
En opinión del Comisionado, el 2015 tiene que ser visto como un proceso irreversible de cambio que llevó al país a una nueva forma de hacer política, a definir su futuro colectivo y que permitió consolidar la cultura de legalidad y transparencia a todo nivel. Mientras que el 2016 ha presentado nuevos desafíos.
Señaló que el caso “la línea” permitió entender el modus operandi y los procesos de coordinación interna de estas redes políticas económicas ilícitas que han penetrado al Estado, revelando una gran cantidad de elementos de investigación los cuales han nutrido otras investigaciones de la CICIG. “Porque tenemos sólidas y suficientes evidencias para sostenerlo, hemos afirmado que el Estado de Guatemala ha sido cooptado por redes políticas económicas ilícitas en ciertos períodos de su reciente historia”, aseveró.
Metas estratégicas
Resaltó que para el 2016, la CICIG trazó dos metas estratégicas: la primera identificar y desarticular a través de investigaciones la existencia de las redes políticas económicas ilícitas en el Estado. Mientras que la segunda meta fue formular las propuestas de políticas públicas y de reformas jurídicas e institucionales para impedir que continúen los hechos de corrupción que quedaron evidenciados en el 2015.
El Comisionado detalló algunos procesos en los cuales se evidenciaron este tipo de redes, como los casos “cooptación del Estado”, “TCQ”, “lago de Amatitlán”, “Aceros de Guatemala”.
Además destacó varias sentencias que se lograron en este año, como en los casos de “plazas fantasma”, del diputado Gudy Rivera y de la jueza Jisele Reinoso, entre otras.
Por lo expuesto, el jefe de la CICIG recalcó que era necesario reformar el sistema de justicia guatemalteco, pues con la apremiante necesidad que tiene Guatemala de realizar una profunda reforma al sistema de justicia “no podemos pretender que se obtengan resultados diferentes usando las mismas reglas y haciendo las cosas de la misma manera”.
“Si en verdad se desea un cambio en Guatemala es necesario dejar el miedo, superar las diferencias y conformar una amplia unidad que haga posible y sostenible ese cambio. (..) Siempre existe la amenaza de la regresión de la impunidad, incluso los procesos en marcha que mantienen a conocidos personajes en prisión podrían ser manipulados y desviados para otorgarles libertad y devolución de bienes con el paso del tiempo, quizá por eso entorpecen y dilatan los procesos”, enfatizó.
Por ello, dijo que para que el cambio sea posible es necesario que “más fiscales, jueces y magistrados se sumen a los que han demostrado compromiso, independencia, valentía, inclusive enfrentando amenazas y soportando presiones que se originan del poder oscuro. (…) Queremos exhortarlos a que contribuyan activamente en el proceso de restauración moral de la República, denunciando a quienes los presionan o intimidan aún sutilmente; ¡no más temores!, ¡no más silencio! una nueva ciudadanía los respalda”, aseveró el Comisionado.
Al referirse a la segunda meta, resaltó el acompañamiento que la CICIG dio al proceso del Diálogo Nacional para reformar al sistema de justicia, el cual fue convocado por los tres poderes del Estado en abril del presente año. Resumió las etapas de dicho proceso, en el cual se convocó a los diferentes sectores para participar en las mesas de discusión de las reformas necesarias para el sistema judicial.
El Comisionado instó a los guatemaltecos a continuar trabajando por la transformación del país. “Hoy es el momento justo en el que todas y todos los ciudadanos que aman su país deben levantar sus voces para decir ¡sí al cambio, sí a una nueva Guatemala!”, puntualizó.
Valoran apoyo de la CICIG
En su mensaje la Fiscal General, Thelma Aldana Hernández, destacó que a principios de la década de los 90 se empezó a escuchar en el país la existencia de los ciacs, que mantenían secuestrado al Estado para monopolizar sus beneficios y garantizar que con la ausencia de la justicia se vieran amenazados los intereses de los poderes ocultos.
“Fueron muchos los años en que Guatemala entregó poco a poco el control de sus instituciones a quienes con intereses muy específicos se preocupaban por amasar fortunas por medio de la corrupción, el crimen organizado y el tráfico de influencias en las esferas del poder”, expresó.
Por ello, la Fiscal dijo que se solicitó a la ONU la presencia de la CICIG para enfrentar y derrotar a la impunidad y la corrupción en el país. “Todos hemos sido testigos de cómo la justicia ha llegado a lugares y personas que antes nadie imaginaba, gracias a la labor del Comisionado y de su equipo de trabajo”.
La Fiscal exhortó a todos los sectores a unirse para luchar contra la impunidad. “Esta batalla contra la impunidad tiene que ser una batalla por la justicia y una batalla por la paz, tiene que comprometernos a buscar ese desarrollo con el que podamos eliminar de una vez por todas nuestros peores enemigos que están reflejados en la corrupción, en la impunidad, en la pobreza, racismo y discriminación; Guatemala está cambiando y tiene que seguir cambiando para alcanzar por fin la paz social”, concluyó.
Credibilidad
En su discurso, el mandatario Jimmy Morales Cabrera destacó la labor positiva de la CICIG en el país. “Agradezco todo el apoyo que hemos recibido como Estado para poder combatir muchos flagelos que nos han afectado históricamente; escuchamos el Noveno Informe de la CICIG y vemos toda la lucha contra la impunidad y la corrupción, y que también las instituciones de justicia están adquiriendo credibilidad”.
El presidente resaltó la participación de jóvenes en movimientos ciudadanos, quienes se están involucrando cada día para enfrentar la impunidad y la corrupción. “La población guatemalteca se encuentra cada día más alerta; hombres y mujeres se están dando cuenta de la actuación de la administración pública”.
El mandatario reiteró su compromiso de continuar apoyando las reformas al sector justicia. “Reafirmo la necesidad que tiene el país sobre dichas reformas, si queremos que la justicia llegue a todos debemos dotarla de las herramientas necesarias para que pueda cumplir con sus fines, por lo que pido, una vez más, públicamente al Congreso de la República que apruebe las reformas propuestas”, recalcó.
El mandatario hizo un llamado a los guatemaltecos para fortalecer a las instituciones de justicia y que se logren los cambios necesarios que el país necesita para erradicar la impunidad y la corrupción.
Conclusiones del informe
En el último año, en coordinación con el Ministerio Público y otras instituciones, la CICIG continuó trabajando en las investigaciones iniciadas anteriormente y desarrolló nuevas investigaciones criminales. Los resultados de estas pesquisas evidencian de manera formal la captura del Estado por parte de los ciacs y de las redes políticas económicas ilícitas.
Los casos de investigación, especialmente los relacionados con la corrupción administrativa presentados ante los tribunales de justicia han evidenciado la complejidad y los alcances de los esquemas utilizados para cometer los delitos y la relevancia de los autores en el ámbito institucional.
Los actos de corrupción cometidos contra el Estado no eran acciones aisladas sino producto de una estructura criminal que capturó el poder, provocando en algunos casos la institucionalización de la corrupción. Estos actos ilegales son el resultado de alianzas establecidas entre algunos funcionarios públicos, operadores de justicia, políticos, empresarios y particulares, quienes estratégicamente juegan un rol específico dentro de dicha estructura.
Los casos investigados por la CICIG han permitido evidenciar que es necesario tomar una serie de acciones por parte del Estado, que permitan transparentar el trabajo y devolver la confianza de los ciudadanos a todas las instituciones públicas.
En los casos de corrupción judicial se confirma que un juez no sólo debe cumplir con los requisitos de ley sino que también debe estar investido de la más alta honorabilidad, moralidad y legalidad, puesto que en sus fallos están en juego los bienes más preciados del hombre, su honor, su libertad y su patrimonio. Al impartir justicia, un juez debe estar exento de cualquier interferencia, intereses y subordinaciones, pretendan conservar o mejorar relaciones de amistad o poder, con el objetivo de garantizar impunidad.
Es necesario actualizar la legislación nacional, incluyendo disposiciones que garanticen una gestión transparente y adecuada de los recursos públicos, que permita el ejercicio de la auditoria social y que garantice que se impartirá una justicia pronta y cumplida.
Lea el informe completo en estos enlaces. Informe de labores de CICIG
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