UNESCO Y OACNUDH REPUDIAN AGRESIONES CONTRA PERIODISTAS





GUATEMALA. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (OACNUDH) expresan su preocupación por el incremento de agresiones y amenazas en contra de periodistas durante este año. 
En la última semana, un periodista de Prensa Libre fue agredido por personal de seguridad de un candidato vicepresidencial durante una manifestación. Posteriormente, los corresponsales de Nuestro Diario y Prensa Libre fueron agredidos durante disturbios ocurridos en Quetzaltenango. UNESCO y OACNUDH valoran que en ambos casos las autoridades competentes hayan realizado la detención de los presuntos responsables y que las investigaciones se estén desarrollando oportunamente. 

Es preocupante que durante este año se hayan registrado 72 casos de agresiones en contra de periodistas, incluyendo mujeres, según datos de la Fiscalía de Delitos contra Periodistas del Ministerio Público, sin olvidar que puede existir un subregistro debido a la falta de denuncias por el temor a las represalias.
  
“Es fundamental que las y los periodistas puedan ejercer su profesión sin que su seguridad sea vulnerada y sin que se coarte su derecho a la libertad de opinión y expresión. Las violaciones de los derechos humanos y libertades fundamentales no deben quedar sin respuesta; las autoridades no deben escatimar esfuerzos para combatir la impunidad y proteger la seguridad de las y los periodistas” recalcaron Julio Carranza de UNESCO y Alberto Brunori de OACNUDH. “Esto es aún más relevante en el marco del actual proceso electoral”, añadieron.  
UNESCO y OACNUDH, basados en sus mandatos, exhortan a las instituciones estatales concernientes a concretar las acciones que permitan la pronta implementación del Programa de Protección a Periodistas, en el cual el Gobierno ha venido trabajando y cuyo proceso de consulta con la sociedad civil se viene realizando. Este Programa debería enmarcarse en una política pública integral de protección a defensores y defensoras de derechos humanos conforme a los estándares internacionales sobre derechos humanos. Ambas organizaciones reafirman su plena disposición a continuar proporcionando asistencia técnica para ese fin.

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