Niñez y migración en Centro y Norte América: causas, políticas, prácticas y desafíos, un estudio regional recientemente publicado, concluye que “las condiciones, las leyes, las políticas y las prácticas a lo largo del corredor que va del norte de América Central pasando por México hasta Estados Unidos, violan sistemáticamente los derechos humanos de los niños y niñas migrantes y los niños hijos e hijas de padres migrantes”. Por tanto, urge una respuesta integral regional que reforme leyes y políticas en favor de sus derechos humanos, en los países de origen, tránsito y destino.
Esta alarma debiera ser el centro de debate en Centroamérica, incluyendo la corresponsabilidad de Estados Unidos, que ahora ofrece apoyo financiero y político para la implementación del Plan para la Prosperidad del Triángulo Norte de Centroamérica.
Valoramos el interés del Gobierno estadounidense y que su respuesta ante la situación no se reduzca al modelo de cierre de las fronteras y deportaciones masivas, como ha sido su política en los últimos años.
Sin embargo, advertimos con mucha preocupación que el contenido del Plan no refleja del todo una respuesta integral y mucho menos quedan explícitos los beneficios para la población migrante, en especial para la niñez, causa fundamental de este apoyo a la región.
Sería un error que Estados Unidos y los organismos internacionales que han asesorado el Plan no evalúen sus políticas económicas y de política exterior de las últimas décadas para los países centroamericanos, y no reconozcan que las mismas son en buena medida causa del debilitamiento de los Estados y de las fuerzas sociales que han querido impulsar transformaciones estructurales.
El Plan plantea apoyo a las inversiones privadas, muchas de ellas vinculadas con la ampliación del sector eléctrico y con corredores de infraestructura que contribuirán a que nuestros países se conviertan en una plataforma para la movilización de mercancías. Además, dichas inversiones propiciarán la convergencia de capitales nacionales y transnacionales para la profundización del modelo extractivista, el cual ya ha dado muestras de ir en detrimento de las fuentes de vida de las poblaciones de los territorios afectados.
Vemos muy difícil que dichos proyectos beneficien las pequeñas economías y las condiciones sociales de las zonas campesinas, rurales, y urbano-marginales, que son las que más originan población migrante.
Más complicado aún es el hecho de que en los intereses del Plan siga siendo eje prioritario la seguridad, en función de la urgente necesidad de combatir el narcotráfico y el crimen organizado. Es este un objetivo que compartimos, pero cuyos medios no han sido

lo suficientemente debatidos, especialmente qué procedimientos democráticos es necesario reforzar en nuestros países.
Saludamos sí, los deseos de apoyo a la justicia, la prevención del delito y la transparencia en el
manejo de los recursos públicos; así como el llamado a nuestros Gobiernos de aumentar la carga tributaria y su responsabilidad frente a la situación social y de gobernabilidad de la región.
Ante la instalación del Primer encuentro Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte, en Tela, Honduras.
A la Red Jesuita con Migrantes nos preocupa:
1. Que los presidentes de Honduras, Guatemala y El Salvador se nieguen a debatir seriamente otro modelo de desarrollo con todos los actores de la sociedad. Que no escuchen ni incluyan a las organizaciones de la sociedad civil, la academia, Iglesias y a la propia población migrante (los interlocutores que más conocen de esta realidad) para proponer medidas que, por un lado, cambien las causas que originan la migración y que provocan fragrantes violaciones de derechos humanos; y, por otro, logren sentar las bases de sociedades más democráticas e incluyentes.
2. Que la mezcla de intereses de combatir el narcotráfico y el crimen organizado invisibilice la persecución y represión que sufre la población que lucha por sus derechos fundamentales y la población migrante que busca estrategias para huir de la exclusión y la violencia.
3. Que no exista un debate serio sobre el concepto y procedimientos de seguridad en Centroamérica. El Plan estadounidense no puede repetir los errores del Plan Mérida, cuyos negativos resultados vemos hoy en México. Tampoco es comparable nuestra realidad con Colombia, como para tomar de modelo dicho Plan. La seguridad no debe concebirse únicamente como una reducción de los índices criminales, sino como el
resultado de una política integral, que incluya la mejora de la calidad de vida de la población.
Esta alarma debiera ser el centro de debate en Centroamérica, incluyendo la corresponsabilidad de Estados Unidos, que ahora ofrece apoyo financiero y político para la implementación del Plan para la Prosperidad del Triángulo Norte de Centroamérica.
Valoramos el interés del Gobierno estadounidense y que su respuesta ante la situación no se reduzca al modelo de cierre de las fronteras y deportaciones masivas, como ha sido su política en los últimos años.
Sin embargo, advertimos con mucha preocupación que el contenido del Plan no refleja del todo una respuesta integral y mucho menos quedan explícitos los beneficios para la población migrante, en especial para la niñez, causa fundamental de este apoyo a la región.
Sería un error que Estados Unidos y los organismos internacionales que han asesorado el Plan no evalúen sus políticas económicas y de política exterior de las últimas décadas para los países centroamericanos, y no reconozcan que las mismas son en buena medida causa del debilitamiento de los Estados y de las fuerzas sociales que han querido impulsar transformaciones estructurales.
El Plan plantea apoyo a las inversiones privadas, muchas de ellas vinculadas con la ampliación del sector eléctrico y con corredores de infraestructura que contribuirán a que nuestros países se conviertan en una plataforma para la movilización de mercancías. Además, dichas inversiones propiciarán la convergencia de capitales nacionales y transnacionales para la profundización del modelo extractivista, el cual ya ha dado muestras de ir en detrimento de las fuentes de vida de las poblaciones de los territorios afectados.
Vemos muy difícil que dichos proyectos beneficien las pequeñas economías y las condiciones sociales de las zonas campesinas, rurales, y urbano-marginales, que son las que más originan población migrante.
Más complicado aún es el hecho de que en los intereses del Plan siga siendo eje prioritario la seguridad, en función de la urgente necesidad de combatir el narcotráfico y el crimen organizado. Es este un objetivo que compartimos, pero cuyos medios no han sido

lo suficientemente debatidos, especialmente qué procedimientos democráticos es necesario reforzar en nuestros países.
Saludamos sí, los deseos de apoyo a la justicia, la prevención del delito y la transparencia en el
manejo de los recursos públicos; así como el llamado a nuestros Gobiernos de aumentar la carga tributaria y su responsabilidad frente a la situación social y de gobernabilidad de la región.
Ante la instalación del Primer encuentro Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte, en Tela, Honduras.
A la Red Jesuita con Migrantes nos preocupa:
1. Que los presidentes de Honduras, Guatemala y El Salvador se nieguen a debatir seriamente otro modelo de desarrollo con todos los actores de la sociedad. Que no escuchen ni incluyan a las organizaciones de la sociedad civil, la academia, Iglesias y a la propia población migrante (los interlocutores que más conocen de esta realidad) para proponer medidas que, por un lado, cambien las causas que originan la migración y que provocan fragrantes violaciones de derechos humanos; y, por otro, logren sentar las bases de sociedades más democráticas e incluyentes.
2. Que la mezcla de intereses de combatir el narcotráfico y el crimen organizado invisibilice la persecución y represión que sufre la población que lucha por sus derechos fundamentales y la población migrante que busca estrategias para huir de la exclusión y la violencia.
3. Que no exista un debate serio sobre el concepto y procedimientos de seguridad en Centroamérica. El Plan estadounidense no puede repetir los errores del Plan Mérida, cuyos negativos resultados vemos hoy en México. Tampoco es comparable nuestra realidad con Colombia, como para tomar de modelo dicho Plan. La seguridad no debe concebirse únicamente como una reducción de los índices criminales, sino como el
resultado de una política integral, que incluya la mejora de la calidad de vida de la población.
Comentarios