GUATEMALA. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU Derechos Humanos) condena los hechos de violencia ocurridos los días viernes 19 y sábado 20 de septiembre en la comunidad Los Pajoques, San Juan Sacatepéquez, en los que ocho personas fueron asesinadas y varias resultaron heridas. Cinco de ellas pertenecían a una misma familia y habrían sido asesinadas en la mañana del 20 de septiembre. Al menos otras dos personas murieron a raíz de disparos de arma de fuego realizados la noche del viernes y la madrugada del sábado; una más resultó gravemente herida por golpes y falleció posteriormente. En seguimiento a estos hechos, la Oficina ha realizado varias misiones de observación a San Juan Sacatepéquez para entrevistarse con víctimas, familiares y comunitarios; también mantuvo reuniones con autoridades locales y nacionales, representantes de la empresa, defensoras y defensores de derechos humanos.
Los acontecimientos se enmarcan en el contexto de una fuerte división comunitaria que se ha incrementado en los últimos años a partir de diversos episodios de violencia. ONU Derechos Humanos lamenta que en esta ocasión se haya llegado al extremo de un enfrentamiento entre personas de una misma comunidad, resultando en la pérdida de ocho vidas humanas, graves agresiones en contra de la integridad, así como actos intolerables de violencia en contra de las mujeres.
ONU Derechos Humanos subraya la necesidad de hacer una clara distinción entre quienes perpetraron esta masacre y quienes de forma legítima y pacífica reclaman y defienden sus derechos.
Desde 2007, ONU Derechos Humanos ha tenido conocimiento de las distintas posturas en torno a la construcción de una planta de cemento en el municipio de San Juan Sacatepéquez. La Alta Comisionada en sus informes anuales ha manifestado la necesidad del diálogo entre los diversos actores y el respeto de los derechos de los pueblos indígenas a la información y consulta, reconocidos en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. El Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, quien visitó la zona en 2010, subrayó el deber del Estado de “garantizar que el proyecto sólo se realice sin generar impactos sociales, culturales o ambientales significativos que impliquen un impedimento al goce de los derechos de las comunidades indígenas aledañas al proyecto”.
A pesar de diversos esfuerzos por abordar el conflicto por parte del Estado, no se han logrado los consensos necesarios entre las partes para revertir las causas estructurales que explican la oposición al proyecto. Tras la marcha realizada por las 12 comunidades de San Juan Sacatepéquez en junio de 2014, en reunión con el Presidente de la República, se habría acordado abrir un proceso de diálogo sobre la construcción de la carretera, la revisión de los procesos penales en contra de líderes comunitarios de San Juan Sacatepéquez y la discusión sobre el cumplimiento del deber del Estado de consultar a los pueblos indígenas. Desafortunadamente, este proceso no se concretó y, por lo tanto, no se han podido reducir los niveles de tensión en la zona.
Por otro lado, diversos actores han denunciado en varias ocasiones la presencia de grupos armados que actúan al margen de la ley. El Estado debe ser el garante de la seguridad ciudadana, por lo que es necesario que exista una presencia estable de la Policía Nacional Civil proporcional a las necesidades de la ciudadanía.
La limitación de derechos mediante un estado de prevención no debería verse como la vía para resolver el conflicto en el mediano y largo plazo. En 2008 se decretó un estado de prevención similar, sin que ello haya contribuido a resolver el problema de la violencia. En el contexto de este conflicto social de grandes dimensiones, la respuesta del Estado debería ser integral y acorde con los derechos humanos de las personas.
Por lo anterior, ONU Derechos Humanos hace un llamado:
Al Organismo Ejecutivo a adoptar todas las medidas que estén a su alcance para reducir los altos niveles de tensión que se viven en la zona y reconstruir el tejido social.
A las autoridades de seguridad y justicia a que conduzcan una investigación imparcial y efectiva, individualicen la responsabilidad de las personas directamente involucradas en estos asesinatos; identifiquen y desarticulen los eventuales grupos armados ilegales que presuntamente operan en el área; además de combatir la proliferación de armas entre la población.
Al Congreso de la República a concluir el proceso de revisión de la Ley de Orden Público a fin de ajustarla a los estándares internacionales de derechos humanos.
A todos los actores involucrados en este conflicto social a retomar un verdadero proceso de diálogo, que tenga como marco los estándares internacionales de los derechos de los pueblos indígenas.
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