Carlos De León posee una casa en Guatemala y nunca ha sufrido la estafa de que alguien la venda a su nombre, pero ha visto ese tipo de fraude en su propia familia.
"Allá es bien difícil hacer uno sus cositas y después hacerlo con esfuerzo y perderlo, es bien triste", dijo De León. "A mi papá le pasó porque le estaban vendiendo un terreno que no era del vendedor, pero cuando llegaron al licenciado que hace los trámites, las huellas del dueño no eran las del vendedor", dijo De León, quien añadió que aunque su padre corrió con suerte, a su hermana le vendieron un terreno que no le pertenecía a la persona que se lo vendió. Ella perdió el terreno y el dinero que pagó.
El Registro General de la Propiedad en Guatemala acaba de suscribir un convenio con el Ministerio de Relaciones Exteriores de ese país para poner en práctica un proyecto que les permita a los guatemaltecos que viven fuera de su país la posibilidad de conservar sus propiedades y no ser víctimas de estafa, despojo o robo. El mismo se ofrecerá a través de los consulados, en donde notarios autorizados asistirán a las personas interesadas en proteger sus propiedades. Los Ángeles es la primera ciudad donde comenzará este proyecto, pero también será ofrecido en Nueva York y Florida.
"De cada diez propiedades que se roban, tres son de personas que viven en el extranjero", dijo Anabella De León, Registradora General de la Propiedad, durante su visita a Los Ángeles para dar a conocer el proyecto a la comunidad guatemalteca. León, quien no tiene relación con el connacional citado en esta nota, señaló que la idea del proyecto es luchar contra la corrupción porque "se están robando las propiedades".
"Esas redes que existen y se han organizado con toda una estructura tremenda y es impresionante lo que pueden hacer. Pueden falsificar las firmas y sellos de los notarios, el papel de protocolo, las certificaciones del registro mercantil y con eso han robado muchas fincas, casas, parcelas, bienes en general", agregó de León.
De León explicó que el Decreto 62.67 le permite a un ciudadano guatemalteco inmovilizar su propiedad, los derechos de copropiedad, el usufructo o los derechos de crédito. "Era una letra muerta y no estaba en práctica. Era derecho vigente pero no derecho aplicado", dijo de León, refiriéndose a la vigencia de la ley a su llegada al cargo en enero de 2012, hecho que la motivó a estudiar la forma de poner en práctica esa ley. El resultado fue la inmovilización biométrica.
En el proceso de la inmovilización biométrica, la persona llena un formulario, se le toma una fotografía y las huellas dactilares. También se le exige el Documento Personal de Identidad (DPI), cédula de vecindad o el pasaporte, así como el número de finca, folio y libro, junto con los documentos que lo acrediten como propietario.
El costo del proceso asciende a 160 quetzales por el registro y otros 160 por gastos administrativos, para un total de 320 quetzales (40.70 dólares). El proceso de inmovilización seria de tres años.
Para mayor información sobre el programa, pueden dirigirse a la sede del Consulado General de Guatemala en Los Ángeles, ubicado en el 3540 Wilshire Blvd., Suite 100. También pueden consultar la página web del Registro General de la Propiedad,www.rgp.org.gt.
"Con esto queremos decirles, 'Guatemala está pensando en ti' a nuestros connacionales. Guatemala no los ha olvidado y Guatemala, a través de su servidora, está trayéndoles un beneficio concreto porque sabemos que no es fácil que ellos viajen, especialmente los que no pueden ya regresar", dijo de León.
De León señaló que con la implementación de este sistema biométrico han disminuido los casos de estafa. "Desde el año pasado hemos analizado mas de mil documentos, hemos hecho más de 100 denuncias al Ministerio Público y hemos hecho 9 capturas", dijo de León. Este año, añade de León, han analizado más de 700 casos y se han arrestado a dos personas.
"Allá es bien difícil hacer uno sus cositas y después hacerlo con esfuerzo y perderlo, es bien triste", dijo De León. "A mi papá le pasó porque le estaban vendiendo un terreno que no era del vendedor, pero cuando llegaron al licenciado que hace los trámites, las huellas del dueño no eran las del vendedor", dijo De León, quien añadió que aunque su padre corrió con suerte, a su hermana le vendieron un terreno que no le pertenecía a la persona que se lo vendió. Ella perdió el terreno y el dinero que pagó.
El Registro General de la Propiedad en Guatemala acaba de suscribir un convenio con el Ministerio de Relaciones Exteriores de ese país para poner en práctica un proyecto que les permita a los guatemaltecos que viven fuera de su país la posibilidad de conservar sus propiedades y no ser víctimas de estafa, despojo o robo. El mismo se ofrecerá a través de los consulados, en donde notarios autorizados asistirán a las personas interesadas en proteger sus propiedades. Los Ángeles es la primera ciudad donde comenzará este proyecto, pero también será ofrecido en Nueva York y Florida.
"De cada diez propiedades que se roban, tres son de personas que viven en el extranjero", dijo Anabella De León, Registradora General de la Propiedad, durante su visita a Los Ángeles para dar a conocer el proyecto a la comunidad guatemalteca. León, quien no tiene relación con el connacional citado en esta nota, señaló que la idea del proyecto es luchar contra la corrupción porque "se están robando las propiedades".
"Esas redes que existen y se han organizado con toda una estructura tremenda y es impresionante lo que pueden hacer. Pueden falsificar las firmas y sellos de los notarios, el papel de protocolo, las certificaciones del registro mercantil y con eso han robado muchas fincas, casas, parcelas, bienes en general", agregó de León.
De León explicó que el Decreto 62.67 le permite a un ciudadano guatemalteco inmovilizar su propiedad, los derechos de copropiedad, el usufructo o los derechos de crédito. "Era una letra muerta y no estaba en práctica. Era derecho vigente pero no derecho aplicado", dijo de León, refiriéndose a la vigencia de la ley a su llegada al cargo en enero de 2012, hecho que la motivó a estudiar la forma de poner en práctica esa ley. El resultado fue la inmovilización biométrica.
En el proceso de la inmovilización biométrica, la persona llena un formulario, se le toma una fotografía y las huellas dactilares. También se le exige el Documento Personal de Identidad (DPI), cédula de vecindad o el pasaporte, así como el número de finca, folio y libro, junto con los documentos que lo acrediten como propietario.
El costo del proceso asciende a 160 quetzales por el registro y otros 160 por gastos administrativos, para un total de 320 quetzales (40.70 dólares). El proceso de inmovilización seria de tres años.
Para mayor información sobre el programa, pueden dirigirse a la sede del Consulado General de Guatemala en Los Ángeles, ubicado en el 3540 Wilshire Blvd., Suite 100. También pueden consultar la página web del Registro General de la Propiedad,www.rgp.org.gt.
"Con esto queremos decirles, 'Guatemala está pensando en ti' a nuestros connacionales. Guatemala no los ha olvidado y Guatemala, a través de su servidora, está trayéndoles un beneficio concreto porque sabemos que no es fácil que ellos viajen, especialmente los que no pueden ya regresar", dijo de León.
De León señaló que con la implementación de este sistema biométrico han disminuido los casos de estafa. "Desde el año pasado hemos analizado mas de mil documentos, hemos hecho más de 100 denuncias al Ministerio Público y hemos hecho 9 capturas", dijo de León. Este año, añade de León, han analizado más de 700 casos y se han arrestado a dos personas.
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