Guatemala, agosto 1 de 2013. De no presentarse alguna acción legal por parte de la defensa, el día de mañana se tiene previsto que se realice la audiencia de apertura a juicio en la que Óscar Sagastume, juez Tercero de Instancia Penal, decidirá si los hermanos José Estuardo Valdés Paiz y Francisco José Ramón Valdés Paiz deben enfrentar a la justicia por su presunta participación en el asesinato del abogado Rodrigo Rosenberg Marzano, ocurrido el 10 de mayo de 2009.
Los hermanos Valdés Paiz son sindicados del delito de homicidio en grado de complicidad. También en esa audiencia se decidirá la situación de Diego Moreno Botrán, sindicado del delito de colusión (acuerdo de personas organizadas para perjudicar a terceras personas); y la de Nicolaid Rodolfo Ibarra Figueredo, sindicado de obstrucción a la justicia, colusión y conspiración para la colusión.
En la diligencia el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) presentarán 122 medios de prueba, testimoniales, documentales, materiales y científicos que incluye: informes balísticos, análisis intercomunicacionales, grabaciones por videocamara, declaraciones en anticipo de prueba para demostrar la vinculación de los sindicados en este hecho. El MP y la CICIG estiman que existen suficientes evidencias en contra de estas personas para que sean enviados a debate.
Antecedentes
El 10 de mayo del 2009 fue asesinado el abogado Rodrigo Rosenberg Marzano, en la zona 14 de la ciudad capital. Antes de su asesinato el profesional dejó grabado un video en el cual responsabilizó de su muerte a altos funcionarios del gobierno de ese entonces. La investigación reveló un resultado diferente a los señalamientos del abogado.
El 15 de julio de 2010, el Tribunal de Sentencia Penal condenó a 9 personas (autores materiales), con penas de 8 a 48 años de prisión. Esta sentencia fue confirmada por la Corte Suprema de Justicia, el 31 de marzo de 2011.
Comisión reitera compromiso con la justicia
La CICIG reitera que en ningún momento ha incidido en la suspensión del proceso, ya que tales decisiones corresponden exclusivamente a los jueces. De acuerdo con el fallo de fecha 12 de abril de 2013 elaborado por el Procurador de los Derechos Humanos, la CICIG se permite recordar que en esa ocasión el Procurador resolvió declarar como responsables a los tribunales ordinarios y constitucionales de la violación al debido proceso y al derecho a ser juzgados en un plazo razonable de los hermanos José Estuardo Valdés Paiz y Francisco José Ramón Valdés Paiz.
El Procurador también recomendó evitar el uso innecesario y desmedido de los recursos de amparo y otras acciones que conllevan al retardo de la tramitación del proceso penal.
En su resolución estableció que los sujetos procesales hicieron uso de estos recursos entre los que destacan 14 Acciones de Amparo: 11 de las cuales fueron presentadas por los imputados (de forma indistinta), 2 por la ClClG y 1 por otro sindicado.
La CICIG participa en este proceso penal como querellante adhesivo.
Visite www.cicig.org
Los hermanos Valdés Paiz son sindicados del delito de homicidio en grado de complicidad. También en esa audiencia se decidirá la situación de Diego Moreno Botrán, sindicado del delito de colusión (acuerdo de personas organizadas para perjudicar a terceras personas); y la de Nicolaid Rodolfo Ibarra Figueredo, sindicado de obstrucción a la justicia, colusión y conspiración para la colusión.
En la diligencia el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) presentarán 122 medios de prueba, testimoniales, documentales, materiales y científicos que incluye: informes balísticos, análisis intercomunicacionales, grabaciones por videocamara, declaraciones en anticipo de prueba para demostrar la vinculación de los sindicados en este hecho. El MP y la CICIG estiman que existen suficientes evidencias en contra de estas personas para que sean enviados a debate.
Antecedentes
El 10 de mayo del 2009 fue asesinado el abogado Rodrigo Rosenberg Marzano, en la zona 14 de la ciudad capital. Antes de su asesinato el profesional dejó grabado un video en el cual responsabilizó de su muerte a altos funcionarios del gobierno de ese entonces. La investigación reveló un resultado diferente a los señalamientos del abogado.
El 15 de julio de 2010, el Tribunal de Sentencia Penal condenó a 9 personas (autores materiales), con penas de 8 a 48 años de prisión. Esta sentencia fue confirmada por la Corte Suprema de Justicia, el 31 de marzo de 2011.
Comisión reitera compromiso con la justicia
La CICIG reitera que en ningún momento ha incidido en la suspensión del proceso, ya que tales decisiones corresponden exclusivamente a los jueces. De acuerdo con el fallo de fecha 12 de abril de 2013 elaborado por el Procurador de los Derechos Humanos, la CICIG se permite recordar que en esa ocasión el Procurador resolvió declarar como responsables a los tribunales ordinarios y constitucionales de la violación al debido proceso y al derecho a ser juzgados en un plazo razonable de los hermanos José Estuardo Valdés Paiz y Francisco José Ramón Valdés Paiz.
El Procurador también recomendó evitar el uso innecesario y desmedido de los recursos de amparo y otras acciones que conllevan al retardo de la tramitación del proceso penal.
En su resolución estableció que los sujetos procesales hicieron uso de estos recursos entre los que destacan 14 Acciones de Amparo: 11 de las cuales fueron presentadas por los imputados (de forma indistinta), 2 por la ClClG y 1 por otro sindicado.
La CICIG participa en este proceso penal como querellante adhesivo.
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