A la opinión pública, el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) hace saber:
- Que si bien comprende que el impuesto genera molestia, recuerda que debe asumirse como una cuestión de responsabilidad ciudadana en el marco de un contrato social. Contrato que por un lado incluye la obligación de los contribuyentes de tributar, pero también debe especificar la obligación del Estado en cuanto al destino y uso de la recaudación de este impuesto.
- Que en este contrato, quienes se conducen en vehículo particular debiesen tributar para contribuir justa y solidariamente para financiar un sistema de transporte público seguro y de calidad, para quienes no poseen vehículo propio. Es imperativo recordar que la mayoría en Guatemala es usuaria del sistema público, no los automovilistas.
- Pero el sistema público de pasajeros se encuentra cooptado por corrupción, violencia criminal y malversación de fondos públicos. El Gobierno está obligado a solucionar este problema, para lo cual debe destinar el impuesto de circulación de vehículos para financiar un sistema de transporte público de calidad, seguro y manejado con probidad y transparencia. Esta sí es una solución al problema de fondo, al ofrecer una opción viable y de bajo costo, no solo a los usuarios regulares del servicio público, sino también para los automovilistas con capacidad de pago reducida.
- Si bien la reducción del impuesto de circulación de vehículos beneficiaría a los automovilistas (una minoría), en realidad perjudicaría a la gran mayoría de ciudadanos y ciudadanas (los usuarios del transporte público), porque restringiría los recursos financieros que deberían destinarse a la solución integral del problema.
- Legalmente, el artículo 120 de la Constitución Política de la República faculta al Gobierno a intervenir el transporte público, priorizando los intereses de los usuarios. Financieramente, el impuesto de circulación cubriría el costo del sistema que la ciudadanía requiere y merece y que podría alcanzarse vía la intervención del Estado.
- Instamos al Gobierno a, por un lado hacer uso de las facultades que la Constitución le otorga, interviniendo el sistema de transporte público y a crear las condiciones para la solución integral, de fondo y duradera. Y por otro, a no reducir el impuesto de circulación, procurando una política fiscal que viabilice financieramente este tipo de soluciones integrales a nuestros problemas sociales.
Guatemala, 12 de junio de 2013.
- Que si bien comprende que el impuesto genera molestia, recuerda que debe asumirse como una cuestión de responsabilidad ciudadana en el marco de un contrato social. Contrato que por un lado incluye la obligación de los contribuyentes de tributar, pero también debe especificar la obligación del Estado en cuanto al destino y uso de la recaudación de este impuesto.
- Que en este contrato, quienes se conducen en vehículo particular debiesen tributar para contribuir justa y solidariamente para financiar un sistema de transporte público seguro y de calidad, para quienes no poseen vehículo propio. Es imperativo recordar que la mayoría en Guatemala es usuaria del sistema público, no los automovilistas.
- Pero el sistema público de pasajeros se encuentra cooptado por corrupción, violencia criminal y malversación de fondos públicos. El Gobierno está obligado a solucionar este problema, para lo cual debe destinar el impuesto de circulación de vehículos para financiar un sistema de transporte público de calidad, seguro y manejado con probidad y transparencia. Esta sí es una solución al problema de fondo, al ofrecer una opción viable y de bajo costo, no solo a los usuarios regulares del servicio público, sino también para los automovilistas con capacidad de pago reducida.
- Si bien la reducción del impuesto de circulación de vehículos beneficiaría a los automovilistas (una minoría), en realidad perjudicaría a la gran mayoría de ciudadanos y ciudadanas (los usuarios del transporte público), porque restringiría los recursos financieros que deberían destinarse a la solución integral del problema.
- Legalmente, el artículo 120 de la Constitución Política de la República faculta al Gobierno a intervenir el transporte público, priorizando los intereses de los usuarios. Financieramente, el impuesto de circulación cubriría el costo del sistema que la ciudadanía requiere y merece y que podría alcanzarse vía la intervención del Estado.
- Instamos al Gobierno a, por un lado hacer uso de las facultades que la Constitución le otorga, interviniendo el sistema de transporte público y a crear las condiciones para la solución integral, de fondo y duradera. Y por otro, a no reducir el impuesto de circulación, procurando una política fiscal que viabilice financieramente este tipo de soluciones integrales a nuestros problemas sociales.
Guatemala, 12 de junio de 2013.
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