En la audiencia de primera declaración, la jueza estimó que existen suficientes medios de investigación para que los sindicados enfrenten proceso penal por los siguientes delitos:
-Zorayda Azucena Herincx Soto. Fraude y peculado por sustracción.
-Luisa María Salas Bedoya. Fraude, peculado por sustracción e incumplimiento de deberes.
-Luis Alberto Lima Oliva. Fraude.
-Militza Lorena Viera Juárez. Peculado por sustracción.
-Luis Alberto González Pérez. Asociación ilícita y tráfico de influencias.
-Oswaldo Pop Velásquez. Cohecho pasivo.
-Marco Antonio Rossell Orozco. Lavado de dinero y otros activos.
-Moisés Eduardo Galindo Ruiz. Lavado de dinero y otros activos.
-Norberto de Jesús Ortega Barco. Cohecho pasivo.
-Amado Randelí Valdez Castillo. Cohecho pasivo.
-Hector Mauricio López Bonilla. Asociación ilícita.
-Dora Alicia Pineda Carías. Peculado por sustracción.
-Patricia Lisbeth Orozco Maldonado. Peculado por sustracción.
Falta de mérito
-Leonel Francisco Boror Gatica.
-Manfredo Cecilio Juárez Ramírez.
-Ana María González Ruiz.
Antecedentes
En seguimiento a la investigación contra una estructura criminal liderada por Byron Lima Oliva (fallecido) en el Sistema Penitenciario (SP), se derivaron nuevos hechos de corrupción que vinculan al alcalde capitalino, Álvaro Arzú, funcionarios, y exfuncionarios. Se incautó información en el allanamiento realizado a la cooperativa Torre Fuerte, dirigida por Lima Oliva y que operaba en el Centro Preventivo Pavoncito. En la documentación se tenía registro de contrataciones y pagos que requerían personas y entidades externas. La contratación de servicios por sí no constituye delito, pero sí la alteración de facturas para encubrir gastos de campaña del partido Unionista y de algunos aliados, los cuales eran pagados con fondos municipales a personas cercanas a Lima Oliva.
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