El nuevo informe de Transparency International denominado Las personas y la corrupción: América Latina y el Caribe, que forma parte de la serie del Barómetro Global de la Corrupción, concluyó que el 29 % de los ciudadanos que utilizaron seis servicios públicos clave (escuelas, hospitales, adquisición de documentos de identidad, servicios públicos, policía y tribunales) en los últimos 12 meses pagaron algún soborno. Esto equivale a aproximadamente 90 millones de personas en los 20 países relevados.
“Los latinoamericanos y caribeños están siendo defraudados por sus gobiernos, su clase política y los líderes del sector privado. El caso Lava Jato, el cual causó un tremendo impacto en la región, demuestra que la corrupción está ampliamente extendida. El soborno representa una modo de enriquecerse para unos pocos y un gran obstáculo para acceder a servicios públicos clave, en especial, para los sectores más vulnerables de la sociedad”, manifestó José Ugaz, presidente de Transparency International.
El 28 % de las personas que denunciaron algún hecho de corrupción sufrieron represalias. Esto podría explicar por qué, aunque en la región la denuncia de irregularidades se considera una conducta culturalmente aceptable y el 70 % de los ciudadanos cree que pueden marcar una diferencia en la lucha contra la corrupción, solo el 9 % se ha atrevido a denunciar sobornos.
Las personas no confían en la policía. Junto con los políticos, se señaló a la policía como la institución pública más corrupta. Un 47 % de los encuestados manifestó que la mayoría de los policías, o todos ellos, eran corruptos.
“El último año ha visto varios gobiernos ser sacudidos por escándalos de corrupción, y a Venezuela sumiéndose en una crisis cada vez más profunda. Sin embargo, según este informe, los reclamos de rendición de cuentas y transparencia que expresan los ciudadanos no están siendo atendidos por sus líderes. Es necesario que los gobiernos tomen mayores medidas para erradicar la corrupción en todos los niveles, sobre todo en los organismos encargados de velar por el cumplimiento de la ley, los cuales deben tener un papel clave en lucha contra la impunidad. Deben fortalecer mecanismos para la investigación y el juzgamiento de los corruptos y brindar mayores protecciones a quienes denuncian hechos de corrupción”, indicó Ugaz.
Transparency International insta a los gobiernos a fortalecer sus sistemas judiciales, combatir la corrupción policial y respaldar a aquellos ciudadanos que están dispuestos a denunciar la corrupción.
Deben crear canales accesibles y anónimos para que quienes deseen hacerlo puedan realizar denuncias y deben proteger a esas personas y a sus familias contra la posibilidad de represalias.
En toda la región, los gobiernos obtienen bajas calificaciones en lo que respecta a combatir la corrupción. En promedio, más de la mitad de las personas relevadas manifestaron que la actuación de sus gobiernos ha sido deficiente. En Venezuela y Perú, más del 70 % de los consultados dieron una opinión negativa.
Entre otras conclusiones clave se incluyen las siguientes:
México tiene el índice de soborno más alto de toda la región, seguido de la República Dominicana y Perú. En México, una de cada dos personas denunciaron haber pagado sobornos cuando accedieron a servicios públicos, y las escuelas, los hospitales y los servicios de provisión de documentos figuran entre los particularmente proclives a sobornos.
En Honduras, el nivel más alto de soborno informado se registró en el trato con los tribunales: el 56 % de los encuestados que utilizaron el sistema judicial manifestaron que habían pagado un soborno durante el último año.
Brasil encabeza la región en cuando a la confianza que tienen los ciudadanos de que pueden generar cambios. El 83 % de los ciudadanos de Brasil creen que las personas comunes pueden incidir de manera significativa en la lucha contra la corrupción.
En Venezuela, un país sumido en la crisis, el 73 % de los encuestados consideraba que la policía es sumamente corrupta. Este porcentaje es el más alto de la región.
Aunque los índices de soborno fueron similares tanto en los sectores más pudientes como entre los pobres, el impacto de los sobornos pesa más sobre estos últimos, pues tienen menos recursos y a menudo dependen en mayor medida de los servicios estatales.
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