En la actividad participaron el Secretario General Adjunto de Asuntos Políticos, Jeffrey Feltman, y los integrantes de la Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia: el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Nery Medina Méndez; la Fiscal General, Thelma Aldana Hernández; el ministro de Gobernación, Francisco Rivas Lara, y la directora del Instituto de la Defensa Pública Penal, Nydia Arévalo Flores.
El Comisionado señaló que durante los nueve años en que la CICIG ha apoyado a la justicia guatemalteca, en compañía del Ministerio Público (MP), ha permitido conocer a profundidad las lógicas de los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad (ciacs), que tanto daño le han hecho al sistema económico, político y judicial de Guatemala.
Resaltó que la CICIG y el MP han evolucionado en la comprensión de los fenómenos criminales, en su capacidad investigativa y en la formulación de los casos de grandes estructuras delincuenciales. Sin embargo es necesario atender de manera urgente los desafíos existentes en otros eslabones del sistema de justicia, el cual debe entenderse como una unidad para generar procesos eficientes y rápidos y de esta manera lograr más sentencias en los procesos iniciados.
Agregó que no se puede negar la existencia de una corrupción sistémica en el Estado de Guatemala que ha logrado cooptar a los partidos políticos y al propio aparato estatal, sustituyendo en períodos de la historia reciente los intereses nacionales por intereses privados y sectoriales, tendientes al enriquecimiento ilícito de grandes redes político económicas ilícitas.
Reforma estructural
El jefe de la CICIG aseveró que la profundidad y seriedad de las investigaciones realizadas han proporcionado la suficiente evidencia para afirmar que la sostenibilidad de los cambios que Guatemala necesita en los sistemas judicial y político sólo es posible si se realiza una reforma estructural que modifique las formas de acceso y ejercicio del poder judicial. Si no se cambian las reglas, los resultados serán siempre los mismos.
A consideración del Comisionado es necesario un nuevo despertar ciudadano como el del 2015, más profundo y más consciente, que contribuya a la construcción de la cultura de legalidad; que deje atrás las viejas formas que entendían la corrupción y la impunidad como fenómenos naturales; y que permita al país la consolidación del Estado de Derecho, indispensable para lograr prosperidad y certeza jurídica en el país.
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