Guatemala, noviembre 27 de 2015. La CICIG presentó el día de hoy en el Ministerio Público el Sistema de Medición de Impunidad en Guatemala ante diferentes sectores de la sociedad civil, instituciones de gobierno y medios de comunicación.
El consultor de CICIG, Carlos Mendoza, explicó el diseño de este sistema y sus objetivos, cuyo marco de referencia son los 2 primeros artículos de la Constitución Política de Guatemala: Art. 1) Protección a la persona: el Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona y a la familia; su fin supremo es la realización del bien común. Art. 2) Deberes del Estado: es deber del Estado garantizarle a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona.
Según explicó Mendoza, lo primero que se hizo fue definir qué es impunidad: “Es la falta de denuncia, investigación, captura, enjuiciamiento, soluciones positivas para las víctimas y/o condena de los responsables de los delitos tipificados en la legislación de Guatemala. El informe se centra en el tema de las sentencias condenatorias. Entendemos como una reducción de la impunidad cuando hay salidas alternas que son aceptadas por el sistema de acuerdo a la legislación vigente como criterios de oportunidad, la conversión, la suspensión y distintas figuras que aparecen en la ley, y algo muy importante: el número de las sentencias condenatorias que se logran”.
El estudio reconoce los esfuerzos que se han hecho previamente para intentar medir la impunidad:
CIEN (2002). Estudio sobre la magnitud y costos de la violencia en Guatemala.
Informe del Relator Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias y arbitrarias, Philip Alston (2006).
Fundación Myrna Mack (2009, 2013). Informe de monitoreo sobre la gestión de casos.
FUNDESA (2014). Seguridad ciudadana y cultura de convivencia.
El Comisionado Iván Velásquez mencionó la necesidad de un fortalecimiento institucional, financiero, de recursos humanos, de despliegue territorial del MP “porque en las condiciones actuales solo se están logrando salidas positivas para un promedio del 10% de casos de homicidios cometidos en el país (…). Con la información que puede obtenerse del sistema, se pueden diseñar mejores políticas para combatir el crimen”.
En las conclusiones, aseguró que para que Guatemala alcance los niveles de impunidad por homicidio que se ven en el continente americano (menos del 80%), la tasa de homicidios tendría que llegar a 25 x 100,000 habitantes. Hoy estamos en 34% x 100.000 habitantes. Para alcanzar los niveles del promedio mundial —casi igual al de Asia, de poco más del 50% de impunidad— la tasa de homicidios tendría que ser de 12-13 x 100,000 habitantes. Para igualar a Europa, la tasa tendría que llegar al 20%, lo que correspondería a una tasa de homicidios de 5-7 x 100,000 habitantes.
“Con la actual tasa de impunidad, para que Guatemala alcance los niveles promedio de América, habría que esperar diez años. Veinte años para que alcance los niveles de Asia y del mundo, y cincuenta años para que llegue a los niveles de Europa. Tal escenario se podría dar, a paridad de casos reales de homicidios, aumentando en un 500% la eficacia del sistema de justicia, lo que requeriría incrementar de manera proporcional el número de fiscales, fiscalías, jueces y cortes, así como el presupuesto asignado al MP y al OJ. Una condición difícil de darse, que muestra una vez más cómo la prevención de la incidencia delictiva tiene necesariamente que acompañar el fortalecimiento del sistema de justicia, porque el sistema, por sí solo, no cuenta con la capacidad de ser eficaz frente a la enorme magnitud de la actividad delictiva en el país” explicó el Comisionado.
“Con fundamento en la información cualitativa y cuantitativa, reiteramos que es indispensable un aumento del presupuesto de las instituciones del sector justicia como requisito ineludible, si se quiere luchar efectivamente contra la impunidad” concluyó.
Fiscal General
Para la Fiscal General, Thelma Aldana, la impunidad es un problema complejo y con varias aristas: histórica, estructural y económica, entre otras. Además con grandes repercusiones en la sociedad, y en particular para las víctimas de delitos que no han obtenido justicia.
“La impunidad implica que el Estado falla en su obligación de proporcionar acceso a la justicia para toda la población. La falta de una respuesta efectiva a los conflictos criminales, por parte de las instituciones de justicia, reproduce una cultura de impunidad ya que quienes vulneran los derechos de otras personas, lo hacen con la convicción de que las probabilidades de rendir cuentas por sus acciones ilícitas son mínimas o nulas” manifestó la Jefa del Ministerio Público.
Y concluyó: “La falta de recursos económicos de la institución, que inciden directamente en la gestión de los casos que ingresan y de la falta de cobertura del MP a nivel nacional. La ciudadanía juega un papel importante en términos de la fiscalización de la gestión judicial, pero también requiere de un mayor involucramiento para obtener los recursos necesarios que permitan a toda la población tener acceso a la justicia. Todos los guatemaltecos, en los diferentes campos, tenemos que apostar a ese compromiso y a cerrar las brechas de las pocas posibilidades de unos y otros. Solo así, la impunidad podrá ser tratada de manera efectiva”.
El informe
El documento es resultado de un esfuerzo de la CICIG que se propuso la elaboración de un Sistema de Medición de la Impunidad adaptado a la realidad guatemalteca, con el fin de que sirva para la construcción de modelos de generación de datos e información oficial confiables y como insumo para la elaboración de políticas públicas por parte de la institucionalidad nacional.
Los objetivos específicos en la construcción del modelo son los siguientes: Determinar y establecer un concepto nacionalmente aceptado y reconocido acerca del fenómeno de la impunidad. Diagnosticar y analizar el estado de las capacidades instaladas para generar datos en las instituciones del sistema de administración de justicia. Contribuir a la elaboración de un modelo fiable y estable de medición de la impunidad en Guatemala, para beneficiar a la sociedad guatemalteca con datos homologados, sistematizados y apegados a la realidad, y permitir que la institucionalidad nacional asuma la responsabilidad de dar continuidad a la medición del índice de impunidad en el país.
Para lograr los objetivos se realizaron los siguientes pasos:
1. Análisis y recopilación de los diferentes conceptos de impunidad manejados por las distintas instituciones internacionales y nacionales, en particular del Sistema de las Naciones Unidas (SNU), del sistema de justicia, de la academia y de la sociedad civil. Construcción de una definición operativa de impunidad que se presenta en el primer capítulo del informe.
2. Se precisó un conjunto de criterios sobre los modelos y formas de medición de la impunidad para lograr una definición conforme a los estándares internacionales (comparabilidad), que a la vez se adecúe a la realidad nacional (pertinencia). La definición y criterios sobre los modelos y formas de impunidad —presentados en la introducción del documento, denominada «Antecedentes de esfuerzos previos en medición de impunidad»— han servido como base para la construcción de un modelo teórico, descrito en el primer capítulo. «La medición de la impunidad». Este último describe cómo la impunidad es una función que depende del delito, de la fecha de comisión del mismo y de la fecha de la resolución del caso.
3. Análisis de los indicadores de proceso y de resultado que están relacionados con los diferentes criterios, dimensiones y componentes de la impunidad según el Ministerio de Gobernación (MINGOB), el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), el Ministerio Público (MP) y el Organismo Judicial (OJ). Asimismo, evaluación de la calidad de la información, la confiabilidad del dato, su generación y actualización, la institución responsable y las instituciones que concurren en su definición. Los resultados del diagnóstico -descritos en el segundo capítulo-, «Diagnóstico sobre los sistemas de información en el sistema de justicia guatemalteco» han permitido identificar al Sistema Informático de Control de la Investigación del Ministerio Público (SICOMP) como el registro que contiene la más completa información para la medición de la impunidad en Guatemala.
4. Con base en el diagnóstico de indicadores y los criterios establecidos para la medición de impunidad, diseño de un modelo de medición e identificación del conjunto de indicadores y variables institucionales a incluir en el Sistema de Medición de la Impunidad en Guatemala. El modelo muestra cómo la impunidad se puede desagregar en subcomponentes relativos a las múltiples fases, ocurrencia del hecho, denuncias, investigación y resolución a cargo de distintas dependencias del Sistema de Justicia.
5. Con los datos sobre homicidios proporcionados por el MP, medición de la impunidad por homicidios en Guatemala en el período comprendido entre 2005 y 2014, probando así la eficacia del modelo. Los resultados de la medición de la impunidad en Guatemala para el caso de los homicidios se presentan en uno de los capítulos del informe.
En dicho período el MP ha logrado investigar entre el 11% y el 26% de las muertes violentas registradas en el Sistema Informático de Control de la Investigación del Ministerio Público, versión 2 (SICOMP2), mientras que el Organismo Judicial muestra índices de entre el 49% y el 75% de las acusaciones sentenciadas. De estas, las sentencias absolutorias han disminuido, llegando a cifras del 12-14% de las acusaciones totales en los años 2010-2013.Esto es reflejo de una mayor calidad en las investigaciones del MP y la Policía Nacional Civil (PNC), así como de la posibilidad de desestimar los casos en el MP.
Los datos muestran la debilidad institucional, financiera, de recursos humanos y de despliegue territorial del MP, que solamente logra salidas positivas para un quinto de los casos de homicidio (que representan el delito cometido con menor frecuencia en el país). Al mismo tiempo, evidencian una mejora de la eficiencia y eficacia en la investigación, con un mayor número de acusaciones y una relación entre sentencias de absolución y sentencias de condenas emitidas por el OJ que ha bajado de la mitad entre 2005-2006 y 2012-2013.
6. Finalmente, se trabajó de manera conjunta con el personal técnico del MP para revisar las fórmulas tanto del modelo de impunidad como de otro modelo de eficacia del mismo MP. Este trabajo generó un consenso que se incorpora en el presente documento y que facilitó el diseño de una herramienta de visualización para el monitoreo en tiempo real de la impunidad en distintos delitos.
La parte final del documento incluye los resultados de proceso encontrados en la construcción del presente modelo incluyendo la coordinación con las diversas dependencias del Estado de Guatemala; una síntesis de las potencialidades del modelo propuesto y por supuesto una reflexión sobre los principales hallazgos en relación al estado de la impunidad en el país.
Si Guatemala se compara con el nivel de impunidad internacional se puede observar, de acuerdo con UNODC lo siguiente: En Europa es donde existe la menor tasa de impunidad pues se logra el 81% de condenas respecto al total de víctimas, es decir quedan sin castigo un 19% de los casos; en Asia, un 48% de condenas y 52% sin castigo; en las Américas tenemos un 24% de condenas y 76% sin castigo (esto porque los índices de América Latina son elevados).
Aporte del estudio
Hasta el momento no había en Guatemala un modelo que permitiera medir la impunidad total de manera dinámica, sino únicamente cálculos de efectividad por un delito determinado, en un año o lugar específico.
La impunidad había sido concebida como una variable estática, mientras que en realidad depende del delito, el momento y lugar en el cual se comete o se investiga, y otros parámetros como género, edad, etnia de víctima y victimario, y de cuándo se mide.
El nivel de impunidad depende en gran medida de cuándo ocurre el hecho, y cuándo ocurren las diferentes fases del proceso y cuándo ocurre la condena.
Hay otras variables socio-demográficas como el género el sexo, la edad de las víctimas, el lugar donde ocurren los delitos, entonces no se puede hablar de un número de impunidad global, debe medirse por tipo de delito, y esa cifra variaría dependiendo del momento de medición.
La impunidad representa el porcentaje de casos efectivos de un delito cometido en un tiempo determinado para los cuales No existe una condena o salidas alternas en un tiempo en el que se está midiendo la impunidad.
La impunidad puede concebirse como un concepto dinámico, ya que la impunidad para un delito cometido en un año depende del momento en el cual se mide.
Antes de profundizar aspectos adicionales de la impunidad, y no por ello menos importantes, se hace necesario evidenciar una segunda consideración: así como la impunidad se puede medir año por año, análogamente es posible medirla a partir de las sentencias emitidas en un año determinado.
Por ejemplo, si las sentencias por homicidios emitidas en el 2013, fueran 800, podría darse el caso de que una parte de ellas sea relativa a homicidios consumados en 2003, otras, en 2004, hasta los homicidios cometidos más recientemente. El razonamiento es análogo a lo que se ha presentado con anterioridad, y los desplazamientos de los picos de la curvas mostrarían mejoras o empeoramientos en la eficiencia del sistema, según sea el caso.
Para medir la impunidad del sistema de justicia en Guatemala —o sea la totalidad de su eficiencia y eficacia— hay dos vías: la primera, que consiste en medir el número de resoluciones de responsabilidad penal de los hechos delictivos en función de los hechos tipificados como delitos, medidos con encuestas de victimización, o como denuncias, o casos. La segunda, por eslabón del sistema de justicia, es más compleja y brinda el mismo resultado global. Es útil para medir la eficiencia y eficacia de cada uno de dichos eslabones, así como el peso con el cual contribuye cada componente (PNC, MP, OJ) a la impunidad total del sistema. Esto permite identificar caminos críticos y cuellos de botella del sistema, elementos clave para poder tomar decisiones basadas en evidencia y mejorar así el sistema de justicia en Guatemala.
El MP puede convertirse en una entidad pionera al poder contar con una plataforma adecuada para la medición exacta y la generación de estadísticas sobre su eficiencia y eficacia. Los recursos de información que se generen son útiles para la toma de decisiones, las políticas públicas y las políticas de persecución penal (no solamente en el sistema de justicia nacional, sino de la región latinoamericana).
El consultor de CICIG, Carlos Mendoza, explicó el diseño de este sistema y sus objetivos, cuyo marco de referencia son los 2 primeros artículos de la Constitución Política de Guatemala: Art. 1) Protección a la persona: el Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona y a la familia; su fin supremo es la realización del bien común. Art. 2) Deberes del Estado: es deber del Estado garantizarle a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona.
Según explicó Mendoza, lo primero que se hizo fue definir qué es impunidad: “Es la falta de denuncia, investigación, captura, enjuiciamiento, soluciones positivas para las víctimas y/o condena de los responsables de los delitos tipificados en la legislación de Guatemala. El informe se centra en el tema de las sentencias condenatorias. Entendemos como una reducción de la impunidad cuando hay salidas alternas que son aceptadas por el sistema de acuerdo a la legislación vigente como criterios de oportunidad, la conversión, la suspensión y distintas figuras que aparecen en la ley, y algo muy importante: el número de las sentencias condenatorias que se logran”.
El estudio reconoce los esfuerzos que se han hecho previamente para intentar medir la impunidad:
CIEN (2002). Estudio sobre la magnitud y costos de la violencia en Guatemala.
Informe del Relator Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias y arbitrarias, Philip Alston (2006).
Fundación Myrna Mack (2009, 2013). Informe de monitoreo sobre la gestión de casos.
FUNDESA (2014). Seguridad ciudadana y cultura de convivencia.
El Comisionado Iván Velásquez mencionó la necesidad de un fortalecimiento institucional, financiero, de recursos humanos, de despliegue territorial del MP “porque en las condiciones actuales solo se están logrando salidas positivas para un promedio del 10% de casos de homicidios cometidos en el país (…). Con la información que puede obtenerse del sistema, se pueden diseñar mejores políticas para combatir el crimen”.
En las conclusiones, aseguró que para que Guatemala alcance los niveles de impunidad por homicidio que se ven en el continente americano (menos del 80%), la tasa de homicidios tendría que llegar a 25 x 100,000 habitantes. Hoy estamos en 34% x 100.000 habitantes. Para alcanzar los niveles del promedio mundial —casi igual al de Asia, de poco más del 50% de impunidad— la tasa de homicidios tendría que ser de 12-13 x 100,000 habitantes. Para igualar a Europa, la tasa tendría que llegar al 20%, lo que correspondería a una tasa de homicidios de 5-7 x 100,000 habitantes.
“Con la actual tasa de impunidad, para que Guatemala alcance los niveles promedio de América, habría que esperar diez años. Veinte años para que alcance los niveles de Asia y del mundo, y cincuenta años para que llegue a los niveles de Europa. Tal escenario se podría dar, a paridad de casos reales de homicidios, aumentando en un 500% la eficacia del sistema de justicia, lo que requeriría incrementar de manera proporcional el número de fiscales, fiscalías, jueces y cortes, así como el presupuesto asignado al MP y al OJ. Una condición difícil de darse, que muestra una vez más cómo la prevención de la incidencia delictiva tiene necesariamente que acompañar el fortalecimiento del sistema de justicia, porque el sistema, por sí solo, no cuenta con la capacidad de ser eficaz frente a la enorme magnitud de la actividad delictiva en el país” explicó el Comisionado.
“Con fundamento en la información cualitativa y cuantitativa, reiteramos que es indispensable un aumento del presupuesto de las instituciones del sector justicia como requisito ineludible, si se quiere luchar efectivamente contra la impunidad” concluyó.
Fiscal General
Para la Fiscal General, Thelma Aldana, la impunidad es un problema complejo y con varias aristas: histórica, estructural y económica, entre otras. Además con grandes repercusiones en la sociedad, y en particular para las víctimas de delitos que no han obtenido justicia.
“La impunidad implica que el Estado falla en su obligación de proporcionar acceso a la justicia para toda la población. La falta de una respuesta efectiva a los conflictos criminales, por parte de las instituciones de justicia, reproduce una cultura de impunidad ya que quienes vulneran los derechos de otras personas, lo hacen con la convicción de que las probabilidades de rendir cuentas por sus acciones ilícitas son mínimas o nulas” manifestó la Jefa del Ministerio Público.
Y concluyó: “La falta de recursos económicos de la institución, que inciden directamente en la gestión de los casos que ingresan y de la falta de cobertura del MP a nivel nacional. La ciudadanía juega un papel importante en términos de la fiscalización de la gestión judicial, pero también requiere de un mayor involucramiento para obtener los recursos necesarios que permitan a toda la población tener acceso a la justicia. Todos los guatemaltecos, en los diferentes campos, tenemos que apostar a ese compromiso y a cerrar las brechas de las pocas posibilidades de unos y otros. Solo así, la impunidad podrá ser tratada de manera efectiva”.
El informe
El documento es resultado de un esfuerzo de la CICIG que se propuso la elaboración de un Sistema de Medición de la Impunidad adaptado a la realidad guatemalteca, con el fin de que sirva para la construcción de modelos de generación de datos e información oficial confiables y como insumo para la elaboración de políticas públicas por parte de la institucionalidad nacional.
Los objetivos específicos en la construcción del modelo son los siguientes: Determinar y establecer un concepto nacionalmente aceptado y reconocido acerca del fenómeno de la impunidad. Diagnosticar y analizar el estado de las capacidades instaladas para generar datos en las instituciones del sistema de administración de justicia. Contribuir a la elaboración de un modelo fiable y estable de medición de la impunidad en Guatemala, para beneficiar a la sociedad guatemalteca con datos homologados, sistematizados y apegados a la realidad, y permitir que la institucionalidad nacional asuma la responsabilidad de dar continuidad a la medición del índice de impunidad en el país.
Para lograr los objetivos se realizaron los siguientes pasos:
1. Análisis y recopilación de los diferentes conceptos de impunidad manejados por las distintas instituciones internacionales y nacionales, en particular del Sistema de las Naciones Unidas (SNU), del sistema de justicia, de la academia y de la sociedad civil. Construcción de una definición operativa de impunidad que se presenta en el primer capítulo del informe.
2. Se precisó un conjunto de criterios sobre los modelos y formas de medición de la impunidad para lograr una definición conforme a los estándares internacionales (comparabilidad), que a la vez se adecúe a la realidad nacional (pertinencia). La definición y criterios sobre los modelos y formas de impunidad —presentados en la introducción del documento, denominada «Antecedentes de esfuerzos previos en medición de impunidad»— han servido como base para la construcción de un modelo teórico, descrito en el primer capítulo. «La medición de la impunidad». Este último describe cómo la impunidad es una función que depende del delito, de la fecha de comisión del mismo y de la fecha de la resolución del caso.
3. Análisis de los indicadores de proceso y de resultado que están relacionados con los diferentes criterios, dimensiones y componentes de la impunidad según el Ministerio de Gobernación (MINGOB), el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), el Ministerio Público (MP) y el Organismo Judicial (OJ). Asimismo, evaluación de la calidad de la información, la confiabilidad del dato, su generación y actualización, la institución responsable y las instituciones que concurren en su definición. Los resultados del diagnóstico -descritos en el segundo capítulo-, «Diagnóstico sobre los sistemas de información en el sistema de justicia guatemalteco» han permitido identificar al Sistema Informático de Control de la Investigación del Ministerio Público (SICOMP) como el registro que contiene la más completa información para la medición de la impunidad en Guatemala.
4. Con base en el diagnóstico de indicadores y los criterios establecidos para la medición de impunidad, diseño de un modelo de medición e identificación del conjunto de indicadores y variables institucionales a incluir en el Sistema de Medición de la Impunidad en Guatemala. El modelo muestra cómo la impunidad se puede desagregar en subcomponentes relativos a las múltiples fases, ocurrencia del hecho, denuncias, investigación y resolución a cargo de distintas dependencias del Sistema de Justicia.
5. Con los datos sobre homicidios proporcionados por el MP, medición de la impunidad por homicidios en Guatemala en el período comprendido entre 2005 y 2014, probando así la eficacia del modelo. Los resultados de la medición de la impunidad en Guatemala para el caso de los homicidios se presentan en uno de los capítulos del informe.
En dicho período el MP ha logrado investigar entre el 11% y el 26% de las muertes violentas registradas en el Sistema Informático de Control de la Investigación del Ministerio Público, versión 2 (SICOMP2), mientras que el Organismo Judicial muestra índices de entre el 49% y el 75% de las acusaciones sentenciadas. De estas, las sentencias absolutorias han disminuido, llegando a cifras del 12-14% de las acusaciones totales en los años 2010-2013.Esto es reflejo de una mayor calidad en las investigaciones del MP y la Policía Nacional Civil (PNC), así como de la posibilidad de desestimar los casos en el MP.
Los datos muestran la debilidad institucional, financiera, de recursos humanos y de despliegue territorial del MP, que solamente logra salidas positivas para un quinto de los casos de homicidio (que representan el delito cometido con menor frecuencia en el país). Al mismo tiempo, evidencian una mejora de la eficiencia y eficacia en la investigación, con un mayor número de acusaciones y una relación entre sentencias de absolución y sentencias de condenas emitidas por el OJ que ha bajado de la mitad entre 2005-2006 y 2012-2013.
6. Finalmente, se trabajó de manera conjunta con el personal técnico del MP para revisar las fórmulas tanto del modelo de impunidad como de otro modelo de eficacia del mismo MP. Este trabajo generó un consenso que se incorpora en el presente documento y que facilitó el diseño de una herramienta de visualización para el monitoreo en tiempo real de la impunidad en distintos delitos.
La parte final del documento incluye los resultados de proceso encontrados en la construcción del presente modelo incluyendo la coordinación con las diversas dependencias del Estado de Guatemala; una síntesis de las potencialidades del modelo propuesto y por supuesto una reflexión sobre los principales hallazgos en relación al estado de la impunidad en el país.
Si Guatemala se compara con el nivel de impunidad internacional se puede observar, de acuerdo con UNODC lo siguiente: En Europa es donde existe la menor tasa de impunidad pues se logra el 81% de condenas respecto al total de víctimas, es decir quedan sin castigo un 19% de los casos; en Asia, un 48% de condenas y 52% sin castigo; en las Américas tenemos un 24% de condenas y 76% sin castigo (esto porque los índices de América Latina son elevados).
Aporte del estudio
Hasta el momento no había en Guatemala un modelo que permitiera medir la impunidad total de manera dinámica, sino únicamente cálculos de efectividad por un delito determinado, en un año o lugar específico.
La impunidad había sido concebida como una variable estática, mientras que en realidad depende del delito, el momento y lugar en el cual se comete o se investiga, y otros parámetros como género, edad, etnia de víctima y victimario, y de cuándo se mide.
El nivel de impunidad depende en gran medida de cuándo ocurre el hecho, y cuándo ocurren las diferentes fases del proceso y cuándo ocurre la condena.
Hay otras variables socio-demográficas como el género el sexo, la edad de las víctimas, el lugar donde ocurren los delitos, entonces no se puede hablar de un número de impunidad global, debe medirse por tipo de delito, y esa cifra variaría dependiendo del momento de medición.
La impunidad representa el porcentaje de casos efectivos de un delito cometido en un tiempo determinado para los cuales No existe una condena o salidas alternas en un tiempo en el que se está midiendo la impunidad.
La impunidad puede concebirse como un concepto dinámico, ya que la impunidad para un delito cometido en un año depende del momento en el cual se mide.
Antes de profundizar aspectos adicionales de la impunidad, y no por ello menos importantes, se hace necesario evidenciar una segunda consideración: así como la impunidad se puede medir año por año, análogamente es posible medirla a partir de las sentencias emitidas en un año determinado.
Por ejemplo, si las sentencias por homicidios emitidas en el 2013, fueran 800, podría darse el caso de que una parte de ellas sea relativa a homicidios consumados en 2003, otras, en 2004, hasta los homicidios cometidos más recientemente. El razonamiento es análogo a lo que se ha presentado con anterioridad, y los desplazamientos de los picos de la curvas mostrarían mejoras o empeoramientos en la eficiencia del sistema, según sea el caso.
Para medir la impunidad del sistema de justicia en Guatemala —o sea la totalidad de su eficiencia y eficacia— hay dos vías: la primera, que consiste en medir el número de resoluciones de responsabilidad penal de los hechos delictivos en función de los hechos tipificados como delitos, medidos con encuestas de victimización, o como denuncias, o casos. La segunda, por eslabón del sistema de justicia, es más compleja y brinda el mismo resultado global. Es útil para medir la eficiencia y eficacia de cada uno de dichos eslabones, así como el peso con el cual contribuye cada componente (PNC, MP, OJ) a la impunidad total del sistema. Esto permite identificar caminos críticos y cuellos de botella del sistema, elementos clave para poder tomar decisiones basadas en evidencia y mejorar así el sistema de justicia en Guatemala.
El MP puede convertirse en una entidad pionera al poder contar con una plataforma adecuada para la medición exacta y la generación de estadísticas sobre su eficiencia y eficacia. Los recursos de información que se generen son útiles para la toma de decisiones, las políticas públicas y las políticas de persecución penal (no solamente en el sistema de justicia nacional, sino de la región latinoamericana).
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