Guatemala, mayo 20 de 2015. En coordinación con la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público y la CICIG se dio captura a integrantes de la Junta Directiva y de la Junta de Licitación y Adjudicación del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), entre ellos el presidente de esta institución, Juan de Dios de la Cruz Rodríguez López, sindicados de aprobar y avalar el contrato irregular suscrito con la droguería PISA de Guatemala S.A. para proporcionar servicios de diálisis peritoneal.
En conferencia de prensa la Fiscal General Thelma Aldana Hernández y el Comisionado Iván Velásquez Gómez explicaron la manera en que se operó para la adjudicación de este contrato irregular.
-El 21 de julio del 2014, el IGSS inició el evento 3381625 para la contratación de los servicios de diálisis peritoneal continua ambulatoria para pacientes del IGSS, el cual fue asignado a la droguería PISA, S.A. el 2 de octubre de 2014.
-Otto Fernando Molina Stalling, quien fungía como asesor del IGSS, junto a Herbert Rodolfo García-Granados Reyes se comprometieron con directivos de la droguería PISA a lograr que la adjudicación del contrato se aprobara a su favor, el cual ascendía a la suma de Q116.227.035 millones.
-A través de interceptaciones telefónicas se determinó que presuntamente se cobró a PISA entre el 15% y el 16% de comisión por el otorgamiento de dicho contrato.
-La Junta Directiva del IGSS designó a la Junta de Licitación con cinco miembros que no reunían las exigencias legales que obliga nombrar personas con aptitud suficiente para abordar el examen de propuestas de un contrato de esa naturaleza.
-Los elementos de prueba que se han recogido permiten afirmar que Otto Fernando Molina Stalling, Herbert Rodolfo García-Granados Reyes, Edgar René de la Peña Archila, Ramiro Armando Lorenzana Ortiz y Arturo Adolfo Castellanos Poou estuvieron vinculados en irregularidades en el contrato No. 3381625.
-Herbert Rodolfo García-Granados Reyes y Lorenzana realizaron actividades encaminadas a concursar y ganar de manera irregular otro proceso de licitación con No. 3616088 para la contratación de hemodiálisis para pacientes de consulta externa. Este proceso no fue adjudicado porque a través de las interceptaciones telefónicas se determinó que se le otorgó a otra empresa que dio un mayor soborno, la cual está bajo investigación.
-Existen indicios de que Carmen Yadira Gil Quiñonez, Delia Haydeé Castañon Guerra
Mayra Lissbeth Gómez Suárez, Doris Elubia González Salazar y Alba Maritza Maldonado Gamboa, integrantes de la Junta de Licitación, pudieron haber incurrido en irregularidades en el desempeño de sus funciones con la adjudicación de dicho contrato a PISA, que a su vez subcontrató a otra empresa para la prestación del tratamiento.
-Se encontró prueba documental de que los miembros de la junta directiva: Juan de Dios de la Cruz Rodríguez López, Julio Roberto Suárez Guerra, Jesús Arnulfo Oliva Leal, Erwin Raúl Castañeda Pineda, Max Erwin Quirín Schoder y Julia Amparo Lotán Garzona pudieron incurrir en el delito de fraude porque según consta en el acta de la sesión ordinaria celebrada el 4 de noviembre de 2014, por unanimidad la junta directiva del IGSS avaló lo actuado por la Junta de Licitación, que adjudicó el contrato 3381625 a la droguería PISA.
De acuerdo con la explicación del Comisionado Velásquez, en el actuar de la Junta Directiva “Hubo permisibilidad y valoración positiva de que el oferente adjudicado careciera de infraestructura real de recurso humano; subcontratara con otra empresa que prestaría los servicios; la inexistencia de una análisis de responsabilidad de las empresas que intervienen en el tratamiento de las personas; la designación de una junta de licitación no idónea e inexperta por parte de la junta directiva; el aval de la junta directiva al aprobar la adjudicación con lo cual incumplió sus deberes legales y probos”.
La Junta Directiva debió defender la prestación adecuada del servicio de salud. Desde la conformación de la Junta de Licitación se actuó con absoluta indolencia en la designación de sus integrantes y en la revisión posterior del contrato.
“Existió un interés de funcionarios públicos para que con base en un arreglo con personas afines a la empresa PISA se le beneficiara con la adjudicación del contrato valorado en más de Q116 millones”, aseveró el Comisionado.
CAPTURADOS Y DELITOS:
JUNTA DIRECTIVA IGSS
Juan de Dios de la Cruz Rodríguez López – Fraude
Representante del Poder Ejecutivo
Presidente del IGSS
Julio Roberto Suárez Guerra - Fraude
Representante de la Junta Monetaria de Guatemala
Jesús Arnulfo Oliva Leal - Fraude
Representante de la Universidad de San Carlos
Erwin Raúl Castañeda Pineda - Fraude
Representante del Colegio de Médicos y Cirujanos
Max Erwin Quirín Schoder - Fraude
Representante de los patronos
Julia Amparo Lotán Garzona - Fraude
Representante de los Trabajadores ante la junta directiva del IGSS
JUNTA DE LICITACIÓN Y ADJUDICACIÓN
Álavaro Manolo Dubón González- Fraude (Pendiente de captura)
Sub Gerente Administrativo del IGSS
Carmen Yadira Gil Quiñonez - Fraude
Integró Junta de Licitación
Delia Haydeé Castañon Guerra – Fraude
Enfermera del IGSS
Integró Junta de Licitación
Mayra Lissbeth Gómez Suárez - Fraude
Secretaria del IGSS
Integró Junta de Licitación
Doris Elubia González Salazar - Fraude
Técnico en hemodiálisis del IGSS
Integró Junta de Licitación
Alba Maritza Maldonado Gamboa – Fraude
Enfermera del IGSS
Integró Junta de Licitación
OTROS
Arturo Adolfo Castellanos Poou - Asociación ilícita
Médico del IGSS.
Otto Fernando Molina Stalling - Asociación ilícita, tráfico de influencias y cobro ilegal de comisiones.
Ex asesor del IGSS
Herbert Rodolfo García-Granados Reyes - Asociación ilícita, tráfico de influencias y cohecho activo.
Labora en la Droguería Pisa de Guatemala S.A.
Edgar René de la Peña Archila - Cohecho activo.
Directivo de Droguería Pisa de Guatemala S.A.
Ramiro Armando Lorenzana Ortiz - Asociación ilícita y cohecho activo.
Directivo de Droguería Pisa de Guatemala S.A.
El juzgado Sexto de Primera Instancia Penal programó para este viernes la audiencia de primera declaración de los sindicados, quienes deberán permanecer en las carceletas de la torre de tribunales.
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