Guatemala, julio 7 de 2014. A través de la firma de un memorándum de entendimiento, el Gobierno de España entregó un aporte de Q1.5 millones (150 mil euros) a la Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala (CICIG) para que continúe su labor.
El documento fue firmado por Manuel María Lejarreta Velásquez, Embajador de España; Valerie Julliand, Coordinadora Residente del Sistema de Naciones Unidas en Guatemala e Iván Velásquez Gómez, jefe de la CICIG. Como invitados participaron Thelma Aldana Hernández, Fiscal General de la República y Edi Juárez, Viceministro de Gobernación.
En su intervención, el Embajador Lejarreta recordó que el Gobierno de España ha estado presente desde el comienzo de la CICIG impulsándola financiera y políticamente: “España comparte los objetivos de CICIG de ayudar en la investigación y persecución penal, combatir las estructuras criminales, fortalecer el sistema de justicia y la lucha contra la impunidad en el país”.
Valerie Julliand expresó satisfacción en los resultados que la CICIG ha logrado hasta la fecha, lo cual ha sido bien recibido por la institucionalidad pública por lo que espera que continúe el apoyo que la Comisión realiza con las instituciones guatemaltecas. “Guatemala hace frente a retos simultáneos con esfuerzos coordinados para no ceder ante la presión de grupos delincuenciales que siempre intentan impedir que haya justicia”, aseveró.
Continuidad de trabajo
En opinión de la Fiscal General, este aporte permitirá que la CICIG continúe con su labor en el país y en apoyo al Ministerio Público. Sobre el trabajo que la Comisión realiza con la Fiscalía resaltó el “acompañamiento técnico en las investigaciones, dotando analistas, trasladando una valiosa experiencia internacional a la Fiscalía Especial contra la Impunidad, dentro de los términos de su mandato”.
Además, dijo que la CICIG brinda apoyo en un estudio de 58 casos asociados con muerte de sindicalistas, así como en un plan de acción en la lucha contra el delito de extorsiones, el diseño de la fiscalía contra las extorsiones y el acompañamiento para la construcción de la política criminal del Estado.
El viceministro Edi Juárez destacó que la CICIG es una herramienta importante que coopera con el Ministerio de Gobernación, principalmente en la transferencia de capacidades. “La Comisión coopera estrechamente con nosotros, en el diseño, la formulación y la estructuración de lo que será la Dirección General de Investigación Criminal. Todo lo que fortalece a la CICIG, fortalece a todos los guatemaltecos y ante todo nos ayuda a sacar ese mal de la impunidad que tenemos en nuestro país”, enfatizó.
Compromiso
Por su parte, el Comisionado destacó que la CICIG está en plena actividad, profundizando su compromiso con Guatemala en el fortalecimiento de sus instituciones y el Estado de Derecho, así como en la identificación, persecución y desarticulación de estructuras criminales.
Por ello dijo que recientemente con la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales del Congreso y con el Instituto Nacional Demócrata, además de la participación activa de la sociedad civil, se elaboró la Guía de buenas prácticas éticas y procedimentales para Comisiones de Postulación. “La elección o designación de quienes -en términos del artículo 113 constitucional- reúnan los méritos de capacidad, idoneidad y honradez para ocupar cargos de tanta responsabilidad en el Estado ha sido de interés permanente de la CICIG y de la comunidad internacional”.
Agregó que entre otras actividades que la Comisión realiza está la elaboración de varios informes temáticos como trata de personas con fines de explotación sexual; violencia contra la mujer, crimen organizado e impunidad y partidos políticos, entre otros.
“También estamos apoyando otros proyectos como la construcción de un sistema de medición de la impunidad en Guatemala, de manera que se pueda construir un sistema, único confiable de medición sobre este problema que facilitará la implementación de las acciones principales para una política criminal de Estado”, aseveró.
Señaló que la Comisión desarrolla un diagnóstico del sistema de justicia que pretende establecer un consenso respecto de los elementos mínimos que debería tener en cuenta un sistema de justicia idóneo en la lucha contra la impunidad.
Indicó que a estas actividades se suman otras investigaciones de contrabando aduanero y financiamiento ilícito a campañas de partidos políticos que actualmente se adelantan. Reiteró el agradecimiento a la donación del Gobierno de España para continuar con el trabajo que realiza la Comisión en las actividades mencionadas.
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