El Procurador de los Derechos Humanos de Guatemala, Jordán Rodas Andrade, presenta el Informe Anual de Situación del Derecho Humano de Acceso a la Información Pública 2019.
A 10 años de vigencia de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) se registran avances importantes en el fortalecimiento institucional de la mayoría de los sujetos obligados, mayor ejercicio del derecho y conocimiento de los procedimientos por parte de los sujetos activos, y más efectividad en la supervisión y seguimiento de la autoridad reguladora. Sin embargo, hay desafíos importantes en varias instituciones, en particular del sector privado.
Entre los resultados del Informe de Solicitudes de Acceso a la Información Pública 2018 sobresale que, de 1,259 sujetos obligados, 956 entregaron informe y 303 no presentaron documentos. En el sector público, de 897 sujetos obligados, 800 cumplieron y 97 incumplieron. En tanto, en el sector no público, de 362 sujetos obligados solo 156 presentaron informe, incumpliendo 206 entidades.
Este es el año en el cual más informes se recibieron en la Procuraduría de los Derechos Humanos, 956 documentos, superando a los 892 de 2016 y 872 de 2017.
En el sector público es bajo el nivel de cumplimiento en las gobernaciones
departamentales, el sistema de los consejos de desarrollo, algunas entidades del sector deporte y los fideicomitentes que manejan fondos públicos bajo la figura de fideicomiso.
En el sector no público es preocupante la falta de transparencia activa en las entidades no lucrativas que manejan recursos públicos y en algunas con licencias de explotación de minerales o que explotan bienes del Estado.
Los funcionarios destacaron que la cantidad de solicitudes de información pública se ha incrementado anualmente, pasando de 35 mil 861 solicitudes reportadas en 2014 a 79 mil 473 para el año recién pasado (2018). Sin embargo, se registran desafíos importantes en términos de equidad de género y concentración urbana en el ejercicio del derecho, dado que se mantiene una relación entre los solicitantes: 63% hombres y 37% mujeres; mientras que alrededor de un 80% de solicitudes de información se concentran en el departamento de Guatemala.
En tal sentido, señalaron que es fundamental la vigilancia ciudadana y la coordinación de la sociedad civil, los órganos de control y autoridad reguladora, para denunciar y exigir el cumplimiento por parte de los sujetos obligados a publicar la información de oficio y la debida atención por medio de las unidades de información pública.
Entre otras recomendaciones, el Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas Andrade, destacó que deben atenderse las recomendaciones vertidas en los 28 informes emitidos durante 2018 por la autoridad reguladora.
Es importante que estos informes sean analizados por las autoridades de los sujetos obligados; además, capacitar y supervisar a quienes están encargados de manejar las unidades de información pública, atender las solicitudes y publicar la información de oficio en los respectivos portales electrónicos para evitar incurrir en faltas y delitos, vulnerando el derecho humano a la información pública.
Además, para contrarrestar la exclusión y fomentar la cultura de transparencia es importante que el sistema educativo atienda lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) y se cumpla la inclusión de este tema en la currícula de estudios de los niveles primario, medio y superior.
Asimismo, propuso que exista un plan de transición frente al eventual cambio de autoridades, toda vez que en enero próximo está prevista la toma de posesión de nuevas autoridades en las 340 corporaciones municipales, así como en las 76 entidades del Organismo Ejecutivo; sectores que en los últimos tres años han mostrado un fortalecimiento importante en sus capacidades internas para el manejo de las unidades de información pública, la publicación de la información de oficio y la elaboración de informes a la Autoridad Reguladora.
Ante ese escenario, sugirió que es importante dotar de estabilidad laboral a las personas que fueron capacitadas y responsabilizó del cumplimiento de la LAIP y la entrega del informe que la Ley establece para el 31 de enero del año próximo a las nuevas autoridades.
Al concluir, destacó que es importante dotar a la Procuraduría de los Derechos Humanos de los recursos económicos previstos en el artículo 69 de la LAIP, ya que en los últimos 9 años no han sido asignados con una partida específica.
A 10 años de vigencia de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) se registran avances importantes en el fortalecimiento institucional de la mayoría de los sujetos obligados, mayor ejercicio del derecho y conocimiento de los procedimientos por parte de los sujetos activos, y más efectividad en la supervisión y seguimiento de la autoridad reguladora. Sin embargo, hay desafíos importantes en varias instituciones, en particular del sector privado.
Entre los resultados del Informe de Solicitudes de Acceso a la Información Pública 2018 sobresale que, de 1,259 sujetos obligados, 956 entregaron informe y 303 no presentaron documentos. En el sector público, de 897 sujetos obligados, 800 cumplieron y 97 incumplieron. En tanto, en el sector no público, de 362 sujetos obligados solo 156 presentaron informe, incumpliendo 206 entidades.
Este es el año en el cual más informes se recibieron en la Procuraduría de los Derechos Humanos, 956 documentos, superando a los 892 de 2016 y 872 de 2017.
En el sector público es bajo el nivel de cumplimiento en las gobernaciones
departamentales, el sistema de los consejos de desarrollo, algunas entidades del sector deporte y los fideicomitentes que manejan fondos públicos bajo la figura de fideicomiso.
En el sector no público es preocupante la falta de transparencia activa en las entidades no lucrativas que manejan recursos públicos y en algunas con licencias de explotación de minerales o que explotan bienes del Estado.
Los funcionarios destacaron que la cantidad de solicitudes de información pública se ha incrementado anualmente, pasando de 35 mil 861 solicitudes reportadas en 2014 a 79 mil 473 para el año recién pasado (2018). Sin embargo, se registran desafíos importantes en términos de equidad de género y concentración urbana en el ejercicio del derecho, dado que se mantiene una relación entre los solicitantes: 63% hombres y 37% mujeres; mientras que alrededor de un 80% de solicitudes de información se concentran en el departamento de Guatemala.
En tal sentido, señalaron que es fundamental la vigilancia ciudadana y la coordinación de la sociedad civil, los órganos de control y autoridad reguladora, para denunciar y exigir el cumplimiento por parte de los sujetos obligados a publicar la información de oficio y la debida atención por medio de las unidades de información pública.
Entre otras recomendaciones, el Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas Andrade, destacó que deben atenderse las recomendaciones vertidas en los 28 informes emitidos durante 2018 por la autoridad reguladora.
Es importante que estos informes sean analizados por las autoridades de los sujetos obligados; además, capacitar y supervisar a quienes están encargados de manejar las unidades de información pública, atender las solicitudes y publicar la información de oficio en los respectivos portales electrónicos para evitar incurrir en faltas y delitos, vulnerando el derecho humano a la información pública.
Además, para contrarrestar la exclusión y fomentar la cultura de transparencia es importante que el sistema educativo atienda lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) y se cumpla la inclusión de este tema en la currícula de estudios de los niveles primario, medio y superior.
Asimismo, propuso que exista un plan de transición frente al eventual cambio de autoridades, toda vez que en enero próximo está prevista la toma de posesión de nuevas autoridades en las 340 corporaciones municipales, así como en las 76 entidades del Organismo Ejecutivo; sectores que en los últimos tres años han mostrado un fortalecimiento importante en sus capacidades internas para el manejo de las unidades de información pública, la publicación de la información de oficio y la elaboración de informes a la Autoridad Reguladora.
Ante ese escenario, sugirió que es importante dotar de estabilidad laboral a las personas que fueron capacitadas y responsabilizó del cumplimiento de la LAIP y la entrega del informe que la Ley establece para el 31 de enero del año próximo a las nuevas autoridades.
Al concluir, destacó que es importante dotar a la Procuraduría de los Derechos Humanos de los recursos económicos previstos en el artículo 69 de la LAIP, ya que en los últimos 9 años no han sido asignados con una partida específica.
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