MP logra que sean ligados a proceso penal por fraude dos exconcejales y un síndico primero en Alta Verapaz

El Ministerio Público por medio de la Fiscalía contra la Corrupción logró que el Juzgado de Primera Instancia Penal Narcoactividad y delitos contra el ambiente de San Pedro Carcha, ligara a proceso penal y dejara en arresto domiciliario a dichos funcionarios de la Municipalidad de Fray Bartolomé de las casas en el departamento de Alta Verapaz.




Se trata del exconcejal tercero de dicha comuna Ricardo Che Pop y Manuel Maquín Choc exconcejal quinto; ambos quedaron ligados a proceso penal por el delito de fraude y deberán pagar una caución económica de cien mil quetzales y la obligación de firmar el libro del Juzgado de Paz de dicha localidad.





En el caso de Ericka Olinda Barrientos Gálvez -exsíndico primero-, fue procesada por el delito de fraude y el juzgado le impuso una caución económica de Q. 50,000.00 y la obligación de firmar el libro del juzgado de paz.

Según la investigación realizada por la Fiscalía, en el año 2015 la Municipalidad de Fray Bartolomé de la Casas Departamento de Alta Verapaz, realizo pagos por la cantidad de Q.8,222.467.65 en concepto de mejoramiento de carreteras del área urbana y del área rural. Al momento que la contraloría General de Cuentas realizó la auditoría financiera y presupuestaria en el año 2016, determinó que en la Municipalidad no se hicieron los procesos de cotización y licitación.

Dicha comuna fraccionó todas las compras en montos menores a Q.90,000.00 y no existe suficiente evidencia de respaldo de la realización de los proyectos ya que no existen, actas de entrega, fotografías y fianzas.

La comisión de auditoria realizó una visita de campo a los lugares donde se suponía se habían realizado los trabajos y  determinaron apoyados en entrevistas con los vecinos y presidentes de COCODES, que la Municipalidad no realizó ningún trabajo de mejoramiento de calles del área urbana y rural.

La Fiscalía contra la Corrupción realizo las investigaciones correspondientes y determinó que efectivamente no existe ningún tipo de respaldo ni documental ni físico, que evidencie la realización de los proyectos.



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