En 1990 el niño Nahamán Carmona de 13 años de edad fue asesinado a golpes por cuatro policías nacionales, este fue un crimen de Estado por el cual fueron condenados los cuatro policías. A partir del 2003, se decretó el 13 de marzo como el “Día de la No violencia contra la niñez”. Veintisiete años más tarde, la situación de violencia y vulneración de los derechos de la niñez sigue imperante.
Claro ejemplo de ello es que, el 08 de marzo, 42 niñas que estaban bajo el abrigo y protección del Estado murieron quemadas en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción y 14 continúan hospitalizados con diagnóstico reservado. Las niñas fueron doblemente violentadas, por la sociedad y por el Estado, en un lugar en donde ya se tenían denuncias de violencia sexual, maltrato físico y psicológico. Esto lo tendrán que clarificar las investigaciones. Lo que es evidente es que no hay razón que justifique violencia hacia niñas, niños y adolescentes en un hogar a cargo del Estado.
La violencia y vulneración de derechos del Estado hacia la niñez y la adolescencia no empieza con las niñas quemadas, ni acaba con ellas. Las estadísticas oficiales demuestran que la situación de violencia en todas sus manifestaciones afecta diariamente a niños, niñas y adolescentes como puede verse a continuación:
● 40 quedan huérfanos como consecuencia de la violencia;
● Más de 2 niñas, niños y adolescentes son asesinados.
● Se reportan 16 desapariciones en el sistema de Alba Keneth
● 23 son objeto de abusos sexuales
Para 2016 fueron interpuestas 14, 698 denuncias de niñas, niños y adolescentes víctimas de maltrato físico; la mayoría dentro de sus hogares.
Según datos del Ministerio Público en el 2016 fueron denunciados 7,338 casos de violencia sexual, 90% de los casos fue cometido dentro del hogar por una persona cercana y de éstos el 38% de estas violaciones, el agresor fue el padre.
Es lamentable que 2,504 niñas de 10 a 14 años se convirtieron en madres en el 2016. Cada hora 9 niñas y adolescentes resultan embarazadas. No obstante que las niñas, niños y adolescentes guatemaltecos trabajadores dentro y fuera de Guatemala, generan el 20% del PIB, en los últimos años se ha invertido en cada niño, el 3.0% del PIB, lo que representa solamente Q.7.48 quetzales diarios. Guatemala es el país de Centroamérica, que menos invierte en la niñez y adolescencia, lo que significa que la niñez guatemalteca ha permanecido invisibilizada en los presupuestos nacionales. Ante ello, es justo y reiterativo incrementar el presupuesto nacional que les garantice el acceso a oportunidades para su desarrollo, protección integral y bienestar
Otro aspecto importante es la migración de niños, niñas y adolescentes no acompañados, a causa de la violencia, La Dirección General de Migración reporta que en el 2016 fueron repatriados 12,601 niñas, niños y adolescentes. En la frontera sur de Estados Unidos, fueron detenidos 18,913, a septiembre del 2016.
La situación de violencia contra la niñez y adolescencia es evidentemente grave y la priorización del Estado en la prevención, atención y reintegración de sus derechos ha sido deficiente y limitada.
El Congreso de Guatemala en los últimos 5 años, ha aprobado solamente 2 leyes a favor de la niñez y
adolescencia y ha promovido iniciativas de leyes para incrementar y endurecer las sanciones para adolescentes en conflicto con la ley penal, estigmatizándoles constantemente cuando no ha invertido en su desarrollo y en la generación de oportunidades que les garantice una mejor calidad de vida.
Por ello, las organizaciones a favor de los derechos de la niñez y la adolescencia, exigimos:
Al Ministerio Público:
1. Se agilice la investigación y se realice una investigación profunda de los recientes sucesos ocurridos en
el Hogar Seguro “Virgen de la Asunción” así como las denuncias presentadas en años anteriores
vinculadas al funcionamiento de este centro.
Al Organismo Judicial:
2. Que los Juzgados de la Niñez y Adolescencia apliquen la medida de abrigo como último recurso,
priorizando otras medidas de protección como alternativa al internamiento.
3. Que se inicien los procesos penales que correspondan en contra de los responsables en la muerte de
las 38 niñas en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción.
A la Procuraduría General de la Nación:
4. Orientar los recursos humanos especializados y financieros para que su proceder sea acorde al actuar
del guardián y tutor legal de los niños y niñas que velan por su bienestar.
Al Organismo Ejecutivo:
5. Que se fortalezca el funcionamiento de un verdadero Sistema de Protección Integral de la niñez y la
adolescencia, que garantice el cumplimiento de sus derechos, privilegiando el interés superior de las
niñas, niños y adolescentes.
6. Que se priorice e incremente el presupuesto destinado a la prevención, atención y restitución de los
derechos de la niñez.
7. Que se cumpla con lo estipulado en la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia,
estableciendo otras medidas de protección como alternativa a la institucionalización, para los niños
víctimas de violaciones a sus derechos.
8. Presentar un plan de emergencia y de seguimiento en la atención psicosocial de los niños, niñas y
adolescentes acogidos en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción que asegure un proceso transparente
y garantice el interés superior de cada niño, niña y adolescente y en el marco de la coordinación
interinstitucional.
Al Organismo Legislativo:
9. La aprobación de leyes destinadas a la protección de los niños y niñas de cualquier castigo físico
humillante, así como las que busquen el fortalecimiento de un efectivo sistema nacional de protección
INTEGRAL.
10. Que se aumente la inversión para la niñez y adolescencia y RECHAZAR cualquier intento de amnistías
y privilegios fiscales, que significa menos presupuesto para la inversión en niñez y adolescencia; por lo
que exigimos la NO aprobación de la iniciativa de ley 5246.
A las Municipalidades:
11. Fortalecer los sistemas locales de protección de niñez y adolescencia garantizando la existencia de las
Oficinas Municipales de Protección con recursos suficientes para su funcionamiento.
A la sociedad civil organizada, iglesias, organismo de cooperación internacional:
Mantenerse vigilantes y ser auditores sociales del Estado y sus dependencias para demandar el cumplimiento y
respeto de los derechos de la niñez y adolescencia.
A la sociedad en general:
Comprender que la niñez y adolescencia tiene derechos inherentes encaminados a asegurar su supervivencia,
su desarrollo y protección de cualquier situación de violencia que atente contra su integridad física y mental,
que es obligación denunciar cualquier hecho que amenace o vulnere sus derechos.
Asimismo, es importante dejar de lado la estigmatización, pues en la mayoría de los casos han sido víctimas de
la irresponsabilidad de los adultos.
Como guatemaltecos debemos comprender que atender a la niñez debe ser una prioridad de Estado, pues ésta
representa el presente y en pocos años se convertirá en el futuro de nuestro país.
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