CASO LAVADO Y POLÍTICA: CONDENAN AL EXPRESIDENTE DEL BANGUAT, EDGAR BARQUÍN



Guatemala, septiembre 16 de 2016. Edgar Baltazar Barquín Durán, expresidente del Banco de Guatemala (Banguat) y excandidato vicepresidencial, fue condenado a través de un procedimiento abreviado a 2 años y 6 meses de prisión inconmutables por tráfico de influencias, tras declararse culpable de haber cometido dicho delito en el caso “lavado y política”. Además fue inhabilitado para ejercer cargos públicos y sus derechos políticos por 5 años.

El juez de Mayor Riesgo B, Miguel Ángel Gálvez, suspendió dicha pena de prisión con la condición de que el exfuncionario en los próximos 5 años no deberá cometer ningún delito doloso y demostrar buena conducta, caso contrario será enviado a la cárcel.

En la lectura de su resolución, el juez Gálvez hizo un análisis de los hechos en los cuales participó Barquín Durán. Resaltó una reunión en el Banguat entre el exfuncionario y Francisco Edgar Morales Guerra, alias “chico dólar” (presunto cabecilla de la red de lavado), en la que participaron los exdiputados Manuel Barquín y Jaime Martínez Lohayza. Señaló que esa reunión fue documentada, así como otras reuniones en las que participó Morales Guerra con otros sindicados.

Gálvez hizo referencia a una interceptación telefónica entre Barquín Durán y Morales Guerra, en la cual el exfuncionario lo asesora y lo alerta de una visita que efectuarían auditores de la Intendencia de Verificación Especial (IVE) en una de sus empresas, y le pide que no les comente sobre esa plática.

El juez relacionó otros medios de investigación como interceptaciones telefónicas, declaraciones testimoniales y documentos para dictar la sentencia contra el exfuncionario.

Antecedentes
Por este caso fueron enviadas a juicio 12 personas, entre ellas, Francisco Edgar Morales Guerra, alias “chico dólar”, vinculadas con la red de lavado de dinero que operaba en zonas fronterizas del país con la colaboración de autoridades locales y nacionales.

La investigación inició por denuncias sobre la existencia de una estructura que operaba desde el 2008 en Jutiapa y otros lugares fronterizos de la región, la cual se dedicaba a desarrollar actividades de lavado de activos, y contaba con la colaboración de autoridades locales y nacionales.

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