Siete diputados con solicitud de antejuicio
Guatemala, mayo 26 de 2016. El Ministerio Público, la Policía Nacional Civil, en coordinación con la CICIG, capturaron a tres exdiputados del Congreso de la República, y presentaron siete solicitudes de antejuicio contra igual número de diputados por la presunta comisión de delitos a través de la contratación excesiva e innecesaria y la creación de plazas fantasma en el Congreso.
A los tres exdiputados capturados se les imputan los delitos de: abuso de autoridad, peculado por sustracción.
Exdirector General del Congreso, José Luis Mijangos Contreras.
Exdiputado Edgar Romeo Cristiani Calderón.
Exdiputado, Alfredo Augusto Rabbé Tejeda.
Prófugo: exdiputado Carlos Humberto Herrera Quezada: abuso de autoridad y peculado por sustracción.
Antejuicios solicitados
El Ministerio Público (MP) presentó la solicitud de levantar la inmunidad para que sean investigados los siguientes diputados del Congreso por los delitos de abuso de autoridad y peculado por sustracción:
Luis Armando Rabbé Tejeda (además un tercer delito: nombramientos ilegales).
Arístides Crespo Villegas (además un tercer delito: nombramientos ilegales).
Julio César López Villatoro.
Selvin Boanerges García Velásquez.
César Emilio Fajardo Morales.
Manuel Marcelino García Chutá.
Carlos Enrique López Girón.
La investigación desarrollada por el MP y la CICIG establece que los miembros de la Junta Directiva del Congreso de la República en el período 2014 y 2015 realizaron un gran número de contrataciones que al menor escrutinio presentan una serie de irregularidades evidentes e ilegales.
Esta forma de contratación irregular de personal para los miembros de la Junta Directiva se convirtió en una práctica habitual y aceptada a pesar de su evidente ilegalidad, no sólo por el completo irrespeto a las formas del proceso de contratación, sino por la no asistencia a trabajar de las personas contratadas en la sede del Congreso, lugar asignado para la prestación del servicio.
MODALIDADES DE CONTRATACIÓN UTILIZADAS
Modalidad 1: nombramientos irregulares
EI Presidente de la Junta Directiva es la autoridad nominadora del Organismo Legislativo encargada de autorizar la contratación de todo el personal del Congreso, en concurso con el Director General del Legislativo.
Ambos funcionarios están obligados a considerar en cualquier contratación al menos tres criterios:
1) Necesidad justificada.
2) Perfil idóneo y cumplimiento de requisitos.
3) Proporcionalidad de la compensación.
La investigación evidencia que los miembros de la Junta Directiva se unieron para distribuirse un alto número de plazas para contratar personal con presupuesto del Congreso, en contravención de las normas de reclutamiento y contratación del organismo y las normas generales en la materia vigentes en el Estado de Guatemala.
Modalidad 2: plazas fantasma
EI Presidente del Congreso a solicitud de cada uno de los miembros de la Junta Directiva contrata personal de apoyo, y lo asigna a cada diputado solicitante para que labore en tiempo completo en el Organismo Legislativo.
La investigación pudo determinar que varias de las personas asignadas a cada diputado no se presentaron a laborar a la sede del Congreso, ya que realmente prestaban sus servicios a otras dependencias del Estado o para empresas privadas de diversa índole, o incluso para empresas de propiedad de los propios diputados.
Arístides Crespo Villegas
En la modalidad uno, en período como presidente de la Junta Directiva del Organismo Legislativo (2014–2015) contrató a 17 personas bajo el renglón 022. Trece de ellas asignadas a la Presidencia (bajo su dirección) para el puesto de asistente con salarios entre 10, 12 y 15 mil quetzales las cuales sólo tenían de escolaridad nivel diversificado.
Nombró a cuatro asistentes con salarios de Q15 mil asignados a la Dirección de Comunicación Social sin que constara solicitud del jefe de dicha dependencia o documento que justificara la necesidad de estas contrataciones.
En los primeros días del mes de enero del 2015, a escasos días de entregar el cargo de Presidente del Congreso, autorizó el nombramiento de 87 personas bajo el renglón 022 para los miembros de la Junta Directiva que estaban por terminar su gestión.
Autorizó la contratación bajo el renglón 022 de al menos 44 personas asignadas a diversas unidades administrativas, sin que constara la solicitud del jefe de cada unidad que fundamentara la necesidad de contratar más personal. 25 de estas plazas eran de un salario igual o por encima de Q15 mil.
Como presidente de la Junta Directiva del Congreso autorizó 17 plazas bajo la modalidad dos, quienes devengaban salarios entre Q7 mil a Q15 mil. Se estableció que estas personas no asistían al Congreso y laboraban en otras dependencias.
Luis Armando Rabbé Tejeda
En su calidad de presidente del Congreso, autorizó para Junta Directiva un total de 164 plazas, muchas de ellas con toma de posesión retroactiva –lo cual está prohibido- y sin el perfil idóneo. Además se detectó que algunas de estas personas no asistían a sus labores.
Autorizó de manera consecutiva dos solicitudes de contratación por un total de 21 asistentes para la primera Vicepresidencia, a cargo del diputado Arístides Crespo Villegas, con salarios de Q15 mil y Q20 mil, siendo que en la mayoría de los casos se trataba de su primera contratación en el Congreso de la República.
En la modalidad dos, como presidente de la Junta Directiva del Congreso (2015-2016) autorizó 42 plazas para su beneficio y de otros diputados con salarios de Q7 mil y Q20 mil.
José Luis Mijangos Contreras
En su calidad de Director General del Congreso (2014-2015) contrató por lo menos 87 asistentes, asignados a las distintas dependencias de la junta directiva saliente.
Suscribió numerosos contratos en los cuales su firma es una circunstancia necesaria a través de la cual se consumó la relación laboral a pesar de haber incumplido con las obligaciones que Ie impone la ley.
Participó en la comisión de actos arbitrarios y contrarios a la norma en términos de contratación de personal con conocimiento previo de la situación, dado el patrón de conductas que evidencia el incumplimiento de los deberes que por el cargo que ostentaba eran de cumplimiento obligatorio para garantizar la buena administración del patrimonio del Congreso de la República de Guatemala, por lo que encuadran en el delito de abuso de autoridad.
Solicitó y suscribió los contratos de sus dos asistentes y omitió los controles debidos con el fin de velar y garantizar una buena administración del patrimonio público, el cual se encontraba bajo su responsabilidad, viabilizaron la preparación del delito sin los cuales no se hubiera permitido que se sustrajeran fondos del Congreso de la República.
CONCLUSIONES
En la presidencia tanto de Arístides Crespo como de Luis Rabbe, resulta evidente que ambos funcionarios faltaron a sus deberes de debida diligencia en el cuidado del presupuesto del Congreso facilitando y autorizando la contratación de personal innecesario, que no cumple con el perfil para el puesto y con salarios excesivos.
Los miembros de la Junta Directiva, incluyendo ambos presidentes, se coludieron con la intención de generar un gran número de contrataciones anómalas e ilícitas para favorecer a determinadas personas y a sí mismos en detrimento del patrimonio del Estado y de la coherencia y legalidad del sistema de personal del Organismo Legislativo.
De tal forma se ha producido una superpoblación de personal en el Congreso que ocasiona un impacto financiero importante y negativo, y que además ha generado una cultura institucional perversa de entender la participación en la Junta Directiva como un botín para el enriquecimiento anómalo.
Guatemala, mayo 26 de 2016. El Ministerio Público, la Policía Nacional Civil, en coordinación con la CICIG, capturaron a tres exdiputados del Congreso de la República, y presentaron siete solicitudes de antejuicio contra igual número de diputados por la presunta comisión de delitos a través de la contratación excesiva e innecesaria y la creación de plazas fantasma en el Congreso.
A los tres exdiputados capturados se les imputan los delitos de: abuso de autoridad, peculado por sustracción.
Exdirector General del Congreso, José Luis Mijangos Contreras.
Exdiputado Edgar Romeo Cristiani Calderón.
Exdiputado, Alfredo Augusto Rabbé Tejeda.
Prófugo: exdiputado Carlos Humberto Herrera Quezada: abuso de autoridad y peculado por sustracción.
Antejuicios solicitados
El Ministerio Público (MP) presentó la solicitud de levantar la inmunidad para que sean investigados los siguientes diputados del Congreso por los delitos de abuso de autoridad y peculado por sustracción:
Luis Armando Rabbé Tejeda (además un tercer delito: nombramientos ilegales).
Arístides Crespo Villegas (además un tercer delito: nombramientos ilegales).
Julio César López Villatoro.
Selvin Boanerges García Velásquez.
César Emilio Fajardo Morales.
Manuel Marcelino García Chutá.
Carlos Enrique López Girón.
La investigación desarrollada por el MP y la CICIG establece que los miembros de la Junta Directiva del Congreso de la República en el período 2014 y 2015 realizaron un gran número de contrataciones que al menor escrutinio presentan una serie de irregularidades evidentes e ilegales.
Esta forma de contratación irregular de personal para los miembros de la Junta Directiva se convirtió en una práctica habitual y aceptada a pesar de su evidente ilegalidad, no sólo por el completo irrespeto a las formas del proceso de contratación, sino por la no asistencia a trabajar de las personas contratadas en la sede del Congreso, lugar asignado para la prestación del servicio.
MODALIDADES DE CONTRATACIÓN UTILIZADAS
Modalidad 1: nombramientos irregulares
EI Presidente de la Junta Directiva es la autoridad nominadora del Organismo Legislativo encargada de autorizar la contratación de todo el personal del Congreso, en concurso con el Director General del Legislativo.
Ambos funcionarios están obligados a considerar en cualquier contratación al menos tres criterios:
1) Necesidad justificada.
2) Perfil idóneo y cumplimiento de requisitos.
3) Proporcionalidad de la compensación.
La investigación evidencia que los miembros de la Junta Directiva se unieron para distribuirse un alto número de plazas para contratar personal con presupuesto del Congreso, en contravención de las normas de reclutamiento y contratación del organismo y las normas generales en la materia vigentes en el Estado de Guatemala.
Modalidad 2: plazas fantasma
EI Presidente del Congreso a solicitud de cada uno de los miembros de la Junta Directiva contrata personal de apoyo, y lo asigna a cada diputado solicitante para que labore en tiempo completo en el Organismo Legislativo.
La investigación pudo determinar que varias de las personas asignadas a cada diputado no se presentaron a laborar a la sede del Congreso, ya que realmente prestaban sus servicios a otras dependencias del Estado o para empresas privadas de diversa índole, o incluso para empresas de propiedad de los propios diputados.
Arístides Crespo Villegas
En la modalidad uno, en período como presidente de la Junta Directiva del Organismo Legislativo (2014–2015) contrató a 17 personas bajo el renglón 022. Trece de ellas asignadas a la Presidencia (bajo su dirección) para el puesto de asistente con salarios entre 10, 12 y 15 mil quetzales las cuales sólo tenían de escolaridad nivel diversificado.
Nombró a cuatro asistentes con salarios de Q15 mil asignados a la Dirección de Comunicación Social sin que constara solicitud del jefe de dicha dependencia o documento que justificara la necesidad de estas contrataciones.
En los primeros días del mes de enero del 2015, a escasos días de entregar el cargo de Presidente del Congreso, autorizó el nombramiento de 87 personas bajo el renglón 022 para los miembros de la Junta Directiva que estaban por terminar su gestión.
Autorizó la contratación bajo el renglón 022 de al menos 44 personas asignadas a diversas unidades administrativas, sin que constara la solicitud del jefe de cada unidad que fundamentara la necesidad de contratar más personal. 25 de estas plazas eran de un salario igual o por encima de Q15 mil.
Como presidente de la Junta Directiva del Congreso autorizó 17 plazas bajo la modalidad dos, quienes devengaban salarios entre Q7 mil a Q15 mil. Se estableció que estas personas no asistían al Congreso y laboraban en otras dependencias.
Luis Armando Rabbé Tejeda
En su calidad de presidente del Congreso, autorizó para Junta Directiva un total de 164 plazas, muchas de ellas con toma de posesión retroactiva –lo cual está prohibido- y sin el perfil idóneo. Además se detectó que algunas de estas personas no asistían a sus labores.
Autorizó de manera consecutiva dos solicitudes de contratación por un total de 21 asistentes para la primera Vicepresidencia, a cargo del diputado Arístides Crespo Villegas, con salarios de Q15 mil y Q20 mil, siendo que en la mayoría de los casos se trataba de su primera contratación en el Congreso de la República.
En la modalidad dos, como presidente de la Junta Directiva del Congreso (2015-2016) autorizó 42 plazas para su beneficio y de otros diputados con salarios de Q7 mil y Q20 mil.
José Luis Mijangos Contreras
En su calidad de Director General del Congreso (2014-2015) contrató por lo menos 87 asistentes, asignados a las distintas dependencias de la junta directiva saliente.
Suscribió numerosos contratos en los cuales su firma es una circunstancia necesaria a través de la cual se consumó la relación laboral a pesar de haber incumplido con las obligaciones que Ie impone la ley.
Participó en la comisión de actos arbitrarios y contrarios a la norma en términos de contratación de personal con conocimiento previo de la situación, dado el patrón de conductas que evidencia el incumplimiento de los deberes que por el cargo que ostentaba eran de cumplimiento obligatorio para garantizar la buena administración del patrimonio del Congreso de la República de Guatemala, por lo que encuadran en el delito de abuso de autoridad.
Solicitó y suscribió los contratos de sus dos asistentes y omitió los controles debidos con el fin de velar y garantizar una buena administración del patrimonio público, el cual se encontraba bajo su responsabilidad, viabilizaron la preparación del delito sin los cuales no se hubiera permitido que se sustrajeran fondos del Congreso de la República.
CONCLUSIONES
En la presidencia tanto de Arístides Crespo como de Luis Rabbe, resulta evidente que ambos funcionarios faltaron a sus deberes de debida diligencia en el cuidado del presupuesto del Congreso facilitando y autorizando la contratación de personal innecesario, que no cumple con el perfil para el puesto y con salarios excesivos.
Los miembros de la Junta Directiva, incluyendo ambos presidentes, se coludieron con la intención de generar un gran número de contrataciones anómalas e ilícitas para favorecer a determinadas personas y a sí mismos en detrimento del patrimonio del Estado y de la coherencia y legalidad del sistema de personal del Organismo Legislativo.
De tal forma se ha producido una superpoblación de personal en el Congreso que ocasiona un impacto financiero importante y negativo, y que además ha generado una cultura institucional perversa de entender la participación en la Junta Directiva como un botín para el enriquecimiento anómalo.
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