El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones –CIADI– desestimó nuevamente las pretensiones de Iberdrola Energy, S.A. en una demanda de anulación del Laudo emitido por un Tribunal Arbitral CIADI contra el Estado de Guatemala. La compañía intentaba cobrar US$181 millones al Estado luego de un desacuerdo por el monto fijado al valor agregado de distribución, establecido por la Comisión Nacional de Energía Eléctrica –CNEE– para el quinquenio 2008-2013.
Guatemala, 14 de enero de 2015. El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones –CIADI– había suspendido los efectos de una resolución arbitral a favor del Estado de Guatemala en agosto de 2012, tras darle trámite a una solicitud de anulación presentada por Iberdrola Energy, S.A.
La demanda ante el CIADI en contra del Estado de Guatemala inició en 2009. Iberdrola trataba de cobrar US$181 millones por un desacuerdo con el monto fijado al valor agregado de distribución, establecido por la Comisión Nacional de Energía Eléctrica –CNEE– para el quinquenio 2008-2013.
El CIADI resolvió a favor del Estado de Guatemala y emitió un laudo arbitral en el que rechazaba la totalidad del reclamo de Iberdrola. Posteriormente, la empresa presentó una solicitud de anulación del laudo. Sin embargo, ayer el tribunal de arbitraje lo confirmó de forma definitiva. Así quedaron en firme los efectos de la resolución a favor del Estado de Guatemala.
El Ministro de Economía, Sergio de la Torre, manifestó que “la decisión tomada por el CIADI es sumamente positiva para el país; permite cerrar el caso iniciado por Iberdrola, que pretendía condenar a Guatemala por violación de trato justo y equitativo conforme el Acuerdo para la Promoción y la Protección recíproca de Inversiones entre España y Guatemala”.
“La resolución de este caso es una garantía más para los inversionistas internacionales, ya que demuestra que en Guatemala se alienta y protege a la inversión extranjera, de acuerdo al Estado de Derecho, y somos un país que respeta y cumple las obligaciones adquiridas en los acuerdos internacionales”, agregó el Ministro. “Las instituciones y el sistema judicial guatemalteco ofrecen garantías suficientes a los inversionistas extranjeros”, concluyó.
La resolución de este caso no tiene un impacto directo en la política tarifaria de energía eléctrica, ya que el laudo resuelve un reclamo específico sobre la revisión tarifaria del 2008-2013. Es oportuno recordar que las tarifas de energía eléctrica no dependen de decisiones políticas, éstas se basan en criterios técnicos-económicos.
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