DECLARACIÓN DEL VOCERO DE LA ALTA COMISIONADA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS CON RELACIÓN A LA DECISIÓN DEL TRIBUNAL DE HONOR DEL CANG EN CONTRA DE LA JUEZA YASSMÍN BARRIOS
Ginebra, 8 de abril de 2014
Estamos profundamente preocupados ante la decisión emitida por el Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala -CANG-, en contra de la Jueza Yassmín Barrios, Presidenta del Tribunal Penal de Mayor Riesgo A (el tribunal que sentenció al ex Jefe de Estado Efraín Ríos Montt a 80 años de prisión por genocidio y crímenes de lesa humanidad en 2013), en la cual le imponen las sanciones de amonestación pública, suspensión temporal por un año en el ejercicio de la profesión de abogada y una sanción pecuniaria. Esto como resultado de una denuncia presentada por uno de los abogados litigantes que intervinieron en el caso sobre genocidio, conocida por la autoridad judicial competente y desestimada.
Nos preocupa que dichas acciones se suman a una larga lista de ataques, amenazas e intimidación sufridas por la Jueza Barrios, como resultado de su participación en varios juicios por violaciones a los derechos humanos cometidas durante los 36 años del conflicto armado interno, y cuando el proceso de selección de las altas autoridades judiciales empezará en los próximos meses.
En un contexto de ataques enfrentados por los operadores de justicia guatemaltecos que luchan contra la impunidad de manera independiente e imparcial, acciones como la tomada por el Tribunal de Honor del CANG ponen en riesgo la importante y eficaz labor que los Juzgados y Tribunales de Mayor Riesgo realizan en el combate a la impunidad de graves violaciones a los derechos humanos, casos de crimen organizado, narcotráfico y otros de gran envergadura.
Hacemos un llamado al Estado de Guatemala para garantizar que los miembros del poder judicial puedan resolver los asuntos que conozcan con imparcialidad, basándose en los hechos y de acuerdo con la ley, sin restricción alguna y sin influencias, alicientes, presiones, amenazas o intromisiones indebidas, sean directas o indirectas, de cualesquiera sectores o por cualquier motivo, de acuerdo con los Principios básicos relativos a la independencia de la judicatura (1985).
Cualquier queja contra la Jueza Barrios deberá ser tratada por las autoridades judiciales competentes, con pleno respeto de su derecho al debido proceso, como se indica en los Principios básicos.
Ginebra, 8 de abril de 2014
Estamos profundamente preocupados ante la decisión emitida por el Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala -CANG-, en contra de la Jueza Yassmín Barrios, Presidenta del Tribunal Penal de Mayor Riesgo A (el tribunal que sentenció al ex Jefe de Estado Efraín Ríos Montt a 80 años de prisión por genocidio y crímenes de lesa humanidad en 2013), en la cual le imponen las sanciones de amonestación pública, suspensión temporal por un año en el ejercicio de la profesión de abogada y una sanción pecuniaria. Esto como resultado de una denuncia presentada por uno de los abogados litigantes que intervinieron en el caso sobre genocidio, conocida por la autoridad judicial competente y desestimada.
Nos preocupa que dichas acciones se suman a una larga lista de ataques, amenazas e intimidación sufridas por la Jueza Barrios, como resultado de su participación en varios juicios por violaciones a los derechos humanos cometidas durante los 36 años del conflicto armado interno, y cuando el proceso de selección de las altas autoridades judiciales empezará en los próximos meses.
En un contexto de ataques enfrentados por los operadores de justicia guatemaltecos que luchan contra la impunidad de manera independiente e imparcial, acciones como la tomada por el Tribunal de Honor del CANG ponen en riesgo la importante y eficaz labor que los Juzgados y Tribunales de Mayor Riesgo realizan en el combate a la impunidad de graves violaciones a los derechos humanos, casos de crimen organizado, narcotráfico y otros de gran envergadura.
Hacemos un llamado al Estado de Guatemala para garantizar que los miembros del poder judicial puedan resolver los asuntos que conozcan con imparcialidad, basándose en los hechos y de acuerdo con la ley, sin restricción alguna y sin influencias, alicientes, presiones, amenazas o intromisiones indebidas, sean directas o indirectas, de cualesquiera sectores o por cualquier motivo, de acuerdo con los Principios básicos relativos a la independencia de la judicatura (1985).
Cualquier queja contra la Jueza Barrios deberá ser tratada por las autoridades judiciales competentes, con pleno respeto de su derecho al debido proceso, como se indica en los Principios básicos.
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