Otros 5 agentes fueron condenados
Guatemala, septiembre 30 de 2013. El Tribunal de Sentencia Penal de Mayor Riesgo B condenó hoy a 16 años de prisión al ex director de la Policía Nacional Civil, Baltazar Gómez Barrios y a dos de sus subalternos, mientras que para los otros 16 sindicados –entre ellos 13 integrantes de una estructura- las penas fueron de 1 a 61 años de cárcel. Estas 19 personas fueron sentenciadas por su participación en un robo de droga a una organización criminal dedicada al narcotráfico (caso Amatitlán).
Las condenas fueron las siguientes:
1. Baltazar Gómez Barrios, ex director de la Policía: 16 años de prisión y el pago de una multa de Q50 mil por el delito de comercio, tráfico y almacenamiento ilícito.
2. Nelly Judith Bonilla Estrada, sub comisaria: 16 años de prisión y el pago de una multa de Q50 mil por el delito de comercio, tráfico y almacenamiento ilícito.
3. Fernando Antonio Carrillo García, oficial de la Policía: 16 años de prisión y el pago de una multa de Q50 mil por el delito de comercio, tráfico y almacenamiento ilícito.
4. William Leonel Flores Pérez, agente policial: 1 año y tres meses de cárcel por el delito de allanamiento ilegal.
5. Sergio Aníbal Ramos Zabaleta, agente policial: 1 año y tres meses de prisión por el delito de allanamiento ilegal.
6. César Augusto Sánchez Lajuj: agente policial: 1 año y tres meses de prisión por el delito de allanamiento ilegal.
7. Ana Teresa Tubac Pérez: 3 años de prisión como autora de encubrimiento propio.
8. Flor de María Ayala Tello: 3 años de prisión como autora de encubrimiento propio.
9. Erick Renato Linares Cordón. 3 años de prisión como autor de encubrimiento propio.
10. Luis Roberto González Berreondo: 8 años de cárcel por asociación ilícita y 20 años en concurso ideal por tenencia ilegal de armas de fuego.
11. Elías Danilo Barrientos Figueroa: 8 años de prisión por asociación ilícita y 20 años en concurso ideal por tenencia ilegal de armas.
12. Hugo Rolando López García: 8 años de cárcel por asociación ilícita y 20 en concurso ideal por tenencia ilegal de armas de fuego.
13. Vinicio Soel Toledo Meneses: 8 años de prisión por comercio, tráfico y almacenamiento ilícito, y el pago de una multa de Q50 mil.
14. Francisco José Fernández Herrera: 8 años de prisión por comercio, tráfico y almacenamiento ilícito, y el pago de una multa de Q50 mil.
15. Iván Vinicio González Ayala: 42 años de cárcel por los delitos de asociación ilícita, tenencia, depósito ilegal de armas de fuego y municiones.
16. Victoria Elizabeth Hernández Godoy: 8 años de cárcel como autora por el delito de asociación ilícita.
17. Daniel Isaac Graves: 8 años de prisión por asociación ilícita; 18 años por comercio, tráfico y almacenamiento ilícito; 5 años por uso ilegal de uniformes e insignias; 3 años por atentando con agravación; 3 años por uso de documentos falsificados y 24 años de cárcel en concurso ideal por portación ilegal de armas de fuego. También deberá pagar una multa de Q1 millón.
18. Pedro Romero López: 8 años por asociación ilícita y 5 años por uso ilegal de uniformes o insignias.
19. Héctor Sierra Ramírez: 8 años como autor de asociación ilícita y 2 años por comercio, tráfico y almacenamiento ilícito.
Los tres jueces del Tribunal valoraron las pruebas que presentaron el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). Durante el juicio aportaron 381 medios de prueba que incluyeron declaraciones de 48 testigos, peritos, pruebas audiovisuales, informes de balística, peritajes, informes financieros y documentos localizados en las viviendas de varios de los sindicados que los vinculan con una organización criminal dedicada al narcotráfico y tráfico de armas.
El caso
Las investigaciones determinaron que existía dentro de la División de Análisis e Información Antinarcótica (DAIA) un grupo de policías integrado por altos mandos -entre ellos el comisario Baltazar Gómez- que presuntamente robó cierta cantidad de droga al narcotráfico, no cuantificada por las autoridades. El hecho fue cometido el 24 de abril de 2009 en un complejo de bodegas ubicado en el kilómetro 30.5, municipio de Amatitlán, en donde la organización criminal tenía su centro de operaciones y ahí almacenaba droga, armamento y vehículos robados.
Ese día un grupo de policías llegó al lugar e incursionaron de manera ilegal para robarse parte de la droga, por lo que se dio un enfrentamiento armado entre los narcotraficantes y los agentes, y murieron cinco de ellos. Posteriormente al restablecerse el orden, las autoridades incautaron en el lugar 370 kilos de droga y un arsenal.
El comisario Báltazar Gómez y los agentes sindicados utilizaron todo el poder y la maquinaria del Estado guatemalteco para llevar a cabo su actuar delictivo, y al mismo tiempo lograr la impunidad de sus actos a sabiendas de que los mismos estaban fuera de la ley.
Por este caso, el 19 de septiembre de 2013, el Juzgado Primero de Mayor Riesgo A ligó a proceso y envió a prisión preventiva a Melvin Antonio Castillo Pineda -exinspector de la Policía Nacional Civil- por su presunta vinculación con el robo de droga.
La CICIG actúa como querellante adhesivo en este proceso penal.
Guatemala, septiembre 30 de 2013. El Tribunal de Sentencia Penal de Mayor Riesgo B condenó hoy a 16 años de prisión al ex director de la Policía Nacional Civil, Baltazar Gómez Barrios y a dos de sus subalternos, mientras que para los otros 16 sindicados –entre ellos 13 integrantes de una estructura- las penas fueron de 1 a 61 años de cárcel. Estas 19 personas fueron sentenciadas por su participación en un robo de droga a una organización criminal dedicada al narcotráfico (caso Amatitlán).
Las condenas fueron las siguientes:
1. Baltazar Gómez Barrios, ex director de la Policía: 16 años de prisión y el pago de una multa de Q50 mil por el delito de comercio, tráfico y almacenamiento ilícito.
2. Nelly Judith Bonilla Estrada, sub comisaria: 16 años de prisión y el pago de una multa de Q50 mil por el delito de comercio, tráfico y almacenamiento ilícito.
3. Fernando Antonio Carrillo García, oficial de la Policía: 16 años de prisión y el pago de una multa de Q50 mil por el delito de comercio, tráfico y almacenamiento ilícito.
4. William Leonel Flores Pérez, agente policial: 1 año y tres meses de cárcel por el delito de allanamiento ilegal.
5. Sergio Aníbal Ramos Zabaleta, agente policial: 1 año y tres meses de prisión por el delito de allanamiento ilegal.
6. César Augusto Sánchez Lajuj: agente policial: 1 año y tres meses de prisión por el delito de allanamiento ilegal.
7. Ana Teresa Tubac Pérez: 3 años de prisión como autora de encubrimiento propio.
8. Flor de María Ayala Tello: 3 años de prisión como autora de encubrimiento propio.
9. Erick Renato Linares Cordón. 3 años de prisión como autor de encubrimiento propio.
10. Luis Roberto González Berreondo: 8 años de cárcel por asociación ilícita y 20 años en concurso ideal por tenencia ilegal de armas de fuego.
11. Elías Danilo Barrientos Figueroa: 8 años de prisión por asociación ilícita y 20 años en concurso ideal por tenencia ilegal de armas.
12. Hugo Rolando López García: 8 años de cárcel por asociación ilícita y 20 en concurso ideal por tenencia ilegal de armas de fuego.
13. Vinicio Soel Toledo Meneses: 8 años de prisión por comercio, tráfico y almacenamiento ilícito, y el pago de una multa de Q50 mil.
14. Francisco José Fernández Herrera: 8 años de prisión por comercio, tráfico y almacenamiento ilícito, y el pago de una multa de Q50 mil.
15. Iván Vinicio González Ayala: 42 años de cárcel por los delitos de asociación ilícita, tenencia, depósito ilegal de armas de fuego y municiones.
16. Victoria Elizabeth Hernández Godoy: 8 años de cárcel como autora por el delito de asociación ilícita.
17. Daniel Isaac Graves: 8 años de prisión por asociación ilícita; 18 años por comercio, tráfico y almacenamiento ilícito; 5 años por uso ilegal de uniformes e insignias; 3 años por atentando con agravación; 3 años por uso de documentos falsificados y 24 años de cárcel en concurso ideal por portación ilegal de armas de fuego. También deberá pagar una multa de Q1 millón.
18. Pedro Romero López: 8 años por asociación ilícita y 5 años por uso ilegal de uniformes o insignias.
19. Héctor Sierra Ramírez: 8 años como autor de asociación ilícita y 2 años por comercio, tráfico y almacenamiento ilícito.
Los tres jueces del Tribunal valoraron las pruebas que presentaron el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). Durante el juicio aportaron 381 medios de prueba que incluyeron declaraciones de 48 testigos, peritos, pruebas audiovisuales, informes de balística, peritajes, informes financieros y documentos localizados en las viviendas de varios de los sindicados que los vinculan con una organización criminal dedicada al narcotráfico y tráfico de armas.
El caso
Las investigaciones determinaron que existía dentro de la División de Análisis e Información Antinarcótica (DAIA) un grupo de policías integrado por altos mandos -entre ellos el comisario Baltazar Gómez- que presuntamente robó cierta cantidad de droga al narcotráfico, no cuantificada por las autoridades. El hecho fue cometido el 24 de abril de 2009 en un complejo de bodegas ubicado en el kilómetro 30.5, municipio de Amatitlán, en donde la organización criminal tenía su centro de operaciones y ahí almacenaba droga, armamento y vehículos robados.
Ese día un grupo de policías llegó al lugar e incursionaron de manera ilegal para robarse parte de la droga, por lo que se dio un enfrentamiento armado entre los narcotraficantes y los agentes, y murieron cinco de ellos. Posteriormente al restablecerse el orden, las autoridades incautaron en el lugar 370 kilos de droga y un arsenal.
El comisario Báltazar Gómez y los agentes sindicados utilizaron todo el poder y la maquinaria del Estado guatemalteco para llevar a cabo su actuar delictivo, y al mismo tiempo lograr la impunidad de sus actos a sabiendas de que los mismos estaban fuera de la ley.
Por este caso, el 19 de septiembre de 2013, el Juzgado Primero de Mayor Riesgo A ligó a proceso y envió a prisión preventiva a Melvin Antonio Castillo Pineda -exinspector de la Policía Nacional Civil- por su presunta vinculación con el robo de droga.
La CICIG actúa como querellante adhesivo en este proceso penal.
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