Costa Rica se ha convertido hoy en el país número 45 en adherirse al instrumento de inversión internacional de la OCDE, destinado a ayudar al país a atraer más y mejor inversión extranjera y promover una conducta empresarial responsable.
El Secretario General de la Organización, Ángel Gurría, que acogió con satisfacción la firma por parte de Costa Rica de la Declaración de la OCDE sobre Inversión Internacional y Empresas Multinacionales, declaró en la ceremonia celebrada en París con motivo de dicha firma que «la capacidad de Costa Rica para atraer inversión extranjera ha contribuido a transformar su economía y a hacerla más diversificada y basada en el conocimiento. La firma de la Declaración de la OCDE constituye una nueva e importante etapa que intensificará su integración internacional y redundará en crecimiento y desarrollo».
Como país signatario de la Declaración, Costa Rica se compromete a garantizar un trato igualitario a inversores extranjeros y nacionales y a fomentar una conducta empresarial responsable. A su vez, los demás gobiernos signatarios se comprometen a tratar a los inversores costarricenses en el extranjero de forma justa y a animar a sus empresas multinacionales a operar en Costa Rica contribuyendo al progreso económico, social y medioambiental.
El examen de la OCDE de las políticas de inversión de Costa Rica publicado hoy señala que las entradas de inversión extranjera directa (IED) en el país han aumentado a un ritmo impresionante, registrando un crecimiento medio anual del 13% en la última década. Las actividades manufactureras suponen una parte considerable de este crecimiento, y en el sector servicios, la proporción de entradas de IED también ha aumentado en los últimos años –estimulada por la apertura del mercado de las telecomunicaciones–, pasando desde sólo el 8% del total de flujos entrantes en 2002, al 40% en 2012.
Según el Índice de Restricción Regulatoria a la IED elaborado por la OCDE, el régimen jurídico para los inversores extranjeros en Costa Rica es más abierto que el de la media de los 57 países miembros y no miembros de la OCDE examinados.
El informe formula una serie de recomendaciones para abordar los principales desafíos a los que se enfrenta el país, entre ellas:
· Hacer un mejor uso de las Asociaciones Público-Privadas (APP) en los sectores del transporte y la electricidad, desarrollar la experiencia en gestión y ofrecer mayores oportunidades a los inversores extranjeros para participar en proyectos de asociación público-privada. Todo ello contribuirá a modernizar el sector de la electricidad, a satisfacer la creciente demanda y, en última instancia, a reducir costes.
· Racionalizar y modernizar los trámites para hacer negocios y reducir la burocracia con el fin de facilitar la inversión nacional y extranjera.
· Fortalecer las asociaciones entre el gobierno, las universidades, los centros de I+D y el sector privado para hacer frente al desajuste cada vez mayor entre oferta y demanda en sectores prioritarios, en particular, en las industrias de alta tecnología.
· Proseguir sus esfuerzos en la lucha contra la corrupción en el sector público y la corrupción transnacional, según lo establecido en las Líneas Directrices para Empresas Multinacionales, que son parte de la Declaración.
Para más información, los periodistas que lo deseen pueden enviar un correo electrónico a la siguiente dirección: news.contact@oecd.org o llamar al + 33 1 45 24 97 00.
El Secretario General de la Organización, Ángel Gurría, que acogió con satisfacción la firma por parte de Costa Rica de la Declaración de la OCDE sobre Inversión Internacional y Empresas Multinacionales, declaró en la ceremonia celebrada en París con motivo de dicha firma que «la capacidad de Costa Rica para atraer inversión extranjera ha contribuido a transformar su economía y a hacerla más diversificada y basada en el conocimiento. La firma de la Declaración de la OCDE constituye una nueva e importante etapa que intensificará su integración internacional y redundará en crecimiento y desarrollo».
Como país signatario de la Declaración, Costa Rica se compromete a garantizar un trato igualitario a inversores extranjeros y nacionales y a fomentar una conducta empresarial responsable. A su vez, los demás gobiernos signatarios se comprometen a tratar a los inversores costarricenses en el extranjero de forma justa y a animar a sus empresas multinacionales a operar en Costa Rica contribuyendo al progreso económico, social y medioambiental.
El examen de la OCDE de las políticas de inversión de Costa Rica publicado hoy señala que las entradas de inversión extranjera directa (IED) en el país han aumentado a un ritmo impresionante, registrando un crecimiento medio anual del 13% en la última década. Las actividades manufactureras suponen una parte considerable de este crecimiento, y en el sector servicios, la proporción de entradas de IED también ha aumentado en los últimos años –estimulada por la apertura del mercado de las telecomunicaciones–, pasando desde sólo el 8% del total de flujos entrantes en 2002, al 40% en 2012.
Según el Índice de Restricción Regulatoria a la IED elaborado por la OCDE, el régimen jurídico para los inversores extranjeros en Costa Rica es más abierto que el de la media de los 57 países miembros y no miembros de la OCDE examinados.
El informe formula una serie de recomendaciones para abordar los principales desafíos a los que se enfrenta el país, entre ellas:
· Hacer un mejor uso de las Asociaciones Público-Privadas (APP) en los sectores del transporte y la electricidad, desarrollar la experiencia en gestión y ofrecer mayores oportunidades a los inversores extranjeros para participar en proyectos de asociación público-privada. Todo ello contribuirá a modernizar el sector de la electricidad, a satisfacer la creciente demanda y, en última instancia, a reducir costes.
· Racionalizar y modernizar los trámites para hacer negocios y reducir la burocracia con el fin de facilitar la inversión nacional y extranjera.
· Fortalecer las asociaciones entre el gobierno, las universidades, los centros de I+D y el sector privado para hacer frente al desajuste cada vez mayor entre oferta y demanda en sectores prioritarios, en particular, en las industrias de alta tecnología.
· Proseguir sus esfuerzos en la lucha contra la corrupción en el sector público y la corrupción transnacional, según lo establecido en las Líneas Directrices para Empresas Multinacionales, que son parte de la Declaración.
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