BM/Centroamérica: Medidas no arancelarias encarecen precios de productos en un 30 por ciento

- Banco Mundial y el Ministerio de Comercio Exterior de Costa Rica analizan 
el impacto de las medidas no arancelarias en el comercio regional

- Uso de medidas no arancelarias como barreras puede incrementar
el costo de alimentos y dificulta la integración regional


SAN JOSÉ, 5 de septiembre de 2013 – La aplicación de medidas no arancelarias, como los requisitos para la importación y exportación de alimentos y bebidas, tiene un impacto significativo en el comercio en Centroamérica y llega a encarecer hasta en un 30 por ciento el precio de productos básicos, de acuerdo con un nuevo estudio del Banco Mundial.

El estudio “Medidas no arancelarias en Centroamérica: Incidencia económica y aumento de precios” reconoce que las medidas no arancelarias tienen objetivos legítimos, como la protección de la salud humana, animal y vegetal, pero advierte sobre el riesgo de que los países decidan usarlas para proteger la industria local.

Los hallazgos del estudio fueron discutidos con representantes de los sectores público y privado de la región, durante el taller “Medidas no arancelarias en Centroamérica”, organizado en la capital costarricense por el Banco Mundial y del Ministerio de Comercio Exterior de Costa Rica (COMEX).

“Identificar las medidas no arancelarias que más afectan el comercio en Centroamérica es importante para impulsar esfuerzos regionales a fin de racionalizar su uso y minimizar su impacto económico”, señaló José Daniel Reyes, economista del Banco Mundial y líder del equipo autor del informe. “Asegurar que los procesos de armonización y mutuo reconocimiento de los registros sanitarios se cumplan es un buen ejemplo del tipo de políticas regionales con gran potencial, tanto para aumentar la competitividad del sector privado como para reducir los precios de alimentos y bebidas procesadas en la región”.

Entre las medidas analizadas por el estudio se encuentran los estándares técnicos, requisitos sanitarios, normas de etiquetado, registros, permisos y certificaciones con las que deben cumplir las mercancías importadas y exportadas. La comprensión y el cumplimiento de estas regulaciones implican costos para las empresas y generan un aumento en los precios para el consumidor.

Según el Banco Mundial, las medidas no arancelarias pueden aumentar en promedio el precio de un producto en un 8.7 por ciento, pero en Centroamérica ciertas regulaciones sanitarias y fitosanitarias pueden elevar los precios hasta en un 30 por ciento. De esa cuenta, la prevalencia de medidas no arancelarias en Centroamérica se compara con Asia del Sur, una región reconocida por el uso de estas medidas como barreras al comercio.

El análisis del Banco Mundial señala que en Centroamérica, Guatemala, Nicaragua, y Honduras son los países que utilizan las medidas no arancelarias con más frecuencia. En particular, la falta de armonización de medidas sanitarias y fitosanitarias es una de las principales dificultades para la integración comercial de la región.

Según cálculos, por ejemplo, en Guatemala el aumento promedio del precio de la carne por medidas sanitarias y fitosanitarias equivale a un arancel de 66.4 por ciento. Esto es consistente con la percepción de que el mercado guatemalteco es limitado para exportadores de la región, especialmente de Nicaragua.

Para Costa Rica, el estudio revela que las medidas no arancelarias afectan a una menor cantidad de productos que en los países vecinos y que su uso es menor que en países con mayores niveles de competitividad, como Chile, Colombia y Perú. No obstante, el esquema regulatorio del país sigue siendo complejo: actualmente en Costa Rica existen 131 medidas no arancelarias derivadas de 57 reglamentos, que afectan un 81 por ciento de los productos importados y un 19 por ciento de los productos de exportación.

En Costa Rica, las instituciones públicas responsables por el mayor número de medidas no arancelarias son el Ministerio de Salud y el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Otras regulaciones son supervisadas por entidades como el Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones; el Ministerio de Economía, Industria y Comercio; el Ministerio de Trabajo; COMEX; el Instituto Costarricense sobre Drogas y el Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura.

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