La medida es presentada por el Organismo Ejecutivo con la finalidad de garantizar la explotación controlada de los recursos no renovables, priorizando las necesidades de participación y desarrollo integral de las comunidades vinculadas a los proyectos. La cartera de Energía y Minas hace un llamado a la sociedad a sumarse al nuevo conversatorio nacional para construir una ruta de desarrollo minero integral.
Guatemala, 10 de julio de 2013. Reconociendo que la Ley de Minería vigente no contempla ni garantiza mecanismos de inclusión, participación y desarrollo de las poblaciones vinculadas a las actividades mineras, el Gobierno del Presidente Otto Pérez Molina a través del Ministerio de Energía y Minas -MEM-, propone una moratoria ante el Congreso de la República para la suspensión temporal de la emisión de nuevas licencias de reconocimiento, exploración y explotación de minerales metálicos en todo el territorio nacional durante dos años.
El Organismo Ejecutivo espera que este período de suspensión temporal permita identificar y aprobar las reformas necesarias a la Ley de Minería, Decreto 48-97, y su Reglamento (Acuerdo Gubernativo 176-2001),que establezcan un mejor ambiente de negocios al sector.
“La iniciativa de ley está en el Congreso de la República desde el año pasado, lamentablemente no ha prosperado pero creo que habrá conciencia en los diputados para apoyar un proyecto tan importante para alcanzar una nueva ley de minería que venga a favorecer a todos los guatemaltecos”, reveló el Presidente de la República, Otto Pérez Molina, en el programa institucional De Frente con el Presidente, oportunidad donde el mandatario reiteró que en el año y medio de la presente administración se han autorizado tres licencias de explotación minera metálica.
Casi 30 días después de iniciar la administración del Gobierno del Cambio, el MEM consiguió el acuerdo de regalías voluntarias que hoy goza de un aumento al 5%, gracias al compromiso asumido por las empresas mineras.
El proyecto de moratoria presentado al Organismo Legislativo se fundamenta en derecho comparado de naciones con mayor tradición minera y a la necesidad de plantear nuevos aspectos ambientales, económicos, sociales y técnico-mineros en la Ley de Minería, pues este no contempla ni garantiza mecanismos de inclusión, participación y desarrollo social.
“La ley que se aprobó en 1997 no cuenta con las condiciones actuales que el país requiere en el tema de minería”, reveló Erick Archila, titular del MEM.
La aprobación de la suspensión temporal propiciará reducir los conflictos nacionales, iniciando un periodo de diálogo con el tiempo necesario para construir mesas de trabajo multisectoriales que generarán un clima más apropiado para el desarrollo industrial, social y ambiental.
El ciclo de diálogo propuesto permitirá que los sectores involucrados superen la confrontación, y como iguales, participen de un conversatorio nacional.
Tal medida no significa un retroceso para el sector industrial, sino por el contrario, es un antecedente que indica que el Gobierno de Guatemala buscará establecer las condiciones optimas para atraer inversión segura y sustentable para el país.
En octubre 2012, el MEM presentó una propuesta de reforma a la Ley de Minería, iniciativa que contempla 36 reformas al normativo, la cual persigue crear un fondo minero, una empresa estatal, seguridad ambiental, mecanismos de información y diálogo con las comunidades, incremento a las regalías y su correcta distribución entre los poblados.
“En la actualidad el único municipio que se beneficia por ley es el que tiene la operación minera y nuestra propuesta a la reforma de ley es que el beneficio sea para todo el departamento”, agregó la máxima autoridad de la cartera.
Desde 1989 se han presentado veinte iniciativas vinculados al ejercicio minero. Algunas proponer una nueva Ley de Minería y otras plantean reformas al Decreto Número 48-97.
En 2012, el Gobierno de Guatemala reactivó la necesidad de encarar la problemática y estimó necesario y oportuno plantear un conjunto de disposiciones integrales con un equilibrio entre lo social y empresarial en una nueva iniciativa de reforma a la Ley de Minería.
A la espera de la aprobación del Organismo Legislativo, el MEM hace un llamado al sector civil, a la academia, la iglesia, al sector empresarial y a las organizaciones no gubernamentales con una visión constructiva a un conversatorio nacional para discutir la ruta del desarrollo minero integral de la nación.
Guatemala, 10 de julio de 2013. Reconociendo que la Ley de Minería vigente no contempla ni garantiza mecanismos de inclusión, participación y desarrollo de las poblaciones vinculadas a las actividades mineras, el Gobierno del Presidente Otto Pérez Molina a través del Ministerio de Energía y Minas -MEM-, propone una moratoria ante el Congreso de la República para la suspensión temporal de la emisión de nuevas licencias de reconocimiento, exploración y explotación de minerales metálicos en todo el territorio nacional durante dos años.
El Organismo Ejecutivo espera que este período de suspensión temporal permita identificar y aprobar las reformas necesarias a la Ley de Minería, Decreto 48-97, y su Reglamento (Acuerdo Gubernativo 176-2001),que establezcan un mejor ambiente de negocios al sector.
“La iniciativa de ley está en el Congreso de la República desde el año pasado, lamentablemente no ha prosperado pero creo que habrá conciencia en los diputados para apoyar un proyecto tan importante para alcanzar una nueva ley de minería que venga a favorecer a todos los guatemaltecos”, reveló el Presidente de la República, Otto Pérez Molina, en el programa institucional De Frente con el Presidente, oportunidad donde el mandatario reiteró que en el año y medio de la presente administración se han autorizado tres licencias de explotación minera metálica.
Casi 30 días después de iniciar la administración del Gobierno del Cambio, el MEM consiguió el acuerdo de regalías voluntarias que hoy goza de un aumento al 5%, gracias al compromiso asumido por las empresas mineras.
El proyecto de moratoria presentado al Organismo Legislativo se fundamenta en derecho comparado de naciones con mayor tradición minera y a la necesidad de plantear nuevos aspectos ambientales, económicos, sociales y técnico-mineros en la Ley de Minería, pues este no contempla ni garantiza mecanismos de inclusión, participación y desarrollo social.
“La ley que se aprobó en 1997 no cuenta con las condiciones actuales que el país requiere en el tema de minería”, reveló Erick Archila, titular del MEM.
La aprobación de la suspensión temporal propiciará reducir los conflictos nacionales, iniciando un periodo de diálogo con el tiempo necesario para construir mesas de trabajo multisectoriales que generarán un clima más apropiado para el desarrollo industrial, social y ambiental.
El ciclo de diálogo propuesto permitirá que los sectores involucrados superen la confrontación, y como iguales, participen de un conversatorio nacional.
Tal medida no significa un retroceso para el sector industrial, sino por el contrario, es un antecedente que indica que el Gobierno de Guatemala buscará establecer las condiciones optimas para atraer inversión segura y sustentable para el país.
En octubre 2012, el MEM presentó una propuesta de reforma a la Ley de Minería, iniciativa que contempla 36 reformas al normativo, la cual persigue crear un fondo minero, una empresa estatal, seguridad ambiental, mecanismos de información y diálogo con las comunidades, incremento a las regalías y su correcta distribución entre los poblados.
“En la actualidad el único municipio que se beneficia por ley es el que tiene la operación minera y nuestra propuesta a la reforma de ley es que el beneficio sea para todo el departamento”, agregó la máxima autoridad de la cartera.
Desde 1989 se han presentado veinte iniciativas vinculados al ejercicio minero. Algunas proponer una nueva Ley de Minería y otras plantean reformas al Decreto Número 48-97.
En 2012, el Gobierno de Guatemala reactivó la necesidad de encarar la problemática y estimó necesario y oportuno plantear un conjunto de disposiciones integrales con un equilibrio entre lo social y empresarial en una nueva iniciativa de reforma a la Ley de Minería.
A la espera de la aprobación del Organismo Legislativo, el MEM hace un llamado al sector civil, a la academia, la iglesia, al sector empresarial y a las organizaciones no gubernamentales con una visión constructiva a un conversatorio nacional para discutir la ruta del desarrollo minero integral de la nación.
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