Guatemala, junio 4 de 2014. El Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) solicitaron 10 años de prisión y una multa de Q25 mil para los militares retirados Jacobo Esdras Salán Sánchez y Napoleón Rojas Méndez, por su presunta participación en el traslado de Q30 millones al Crédito Hipotecario Nacional (CHN), provenientes de la sustracción de Q120 millones del Ministerio de la Defensa Nacional en el 2001.
En la fase de conclusiones del juicio, las dos entidades solicitaron al Tribunal Segundo de Sentencia Penal que Salán Sánchez y Rojas Méndez sean condenados con las penas mencionadas por el delito de peculado, además que sean inhabilitados para ejercer cargos, empleos y comisiones públicas.
En la audiencia, el MP y la CICIG detallaron la participación de Salán Sánchez y Rojas Méndez, ex asesores de seguridad del ex presidente Alfonso Portillo Cabrera, en la sustracción de Q12O millones.
Por órdenes del ex presidente Portillo se efectúa el traslado de Q30 millones hacia el CHN, los cuales fueron recibidos por José Armando Llort Quiteño, quien era el presidente de la entidad bancaria en esa época. El traslado de esta suma fue realizada por Salán Sánchez y Rojas Méndez, los días 5, 6 y 9 de marzo del 2001, hecho que fue confirmado por Llort Quiteño y Salomón Abraham Molina Girón a través de una videoconferencia desde la ciudad de Nueva York. Ellos actúan como testigos dentro de este proceso penal.
Durante el desarrollo del debate fueron presentados pruebas testimoniales, periciales y materiales contra los dos militares entre los que resaltan las certificaciones de las auditorías practicadas a la documentación del Ministerio de la Defensa Nacional en el 2001; los cheques originales que acreditan el retiro de los Q120 millones del Banco de Guatemala; boletas de depósitos monetarios que demuestran el ingreso de los 30 millones al CHN; informe de la CICIG que demuestra de manera cronológica la forma en que sucedieron los hechos y la participación de los dos militares en este caso.
Además, la Fiscalía aportó los estados de cuenta de depósitos monetarios del Ejército, en los cuales se acredita el lugar, la fecha y la forma utilizada para sustraer la suma millonaria; los contratos de trabajo de los dos militares que acreditan la relación laboral con el ex presidente Portillo; y declaraciones testimoniales prestadas en calidad de anticipo de prueba, con las cuales se acredita la participación de los acusados en la sustracción del dinero.
Se prevé que esta semana el Tribunal emita el fallo en este caso.
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